La actual regulación es infumable, incompleta, no
llena las aspiraciones de los funcionarios, causa inseguridad jurídica para
titulares e interinos, y además deja todo el proceso, decisiones incluidas en
manos de la Administración, y lo que es peor con el consentimiento de los
sindicatos que la aceptaron en su día.
Una simple comprobación de las plazas anunciadas oficiosamente para el próximo
concurso de traslados, pone de manifiesto que se incumple la norma que exige la
convocatoria de no menos del 75% de las plazas vacantes (por ejemplo en Auxilio
se proponen unas 150 para el concurso y apenas se convocan 3 para comisión de
servicio)
Pero además la permisiva normativa, deja en manos de la administración un porcentaje importante de las poquísimas vacantes convocadas que puedan ser cubiertas de forma discrecional.
Ello sin contar que prohíbe participar directamente, a quién no esté destinado a 50 Km. como mínimo de la vacante anunciada como norma general. Más claro, se anuncian dos en Juzgados de Instrucción de Valencia. Cerca de dos mil compañeros tienen vetadas esas plazas. Es decir el escalafón, la antigüedad, la experiencia o la dedicación no computan para nada, y se deja en manos de la Administración un buen porcentaje de vacantes.
Para rizar el rizo, produce una inseguridad jurídica tremenda. Entre los titulares porque ante una vacante se puede encontrar, en un corto plazo de tiempo con dos compañeros distintos, con distintos conocimientos, con o sin experiencia y además teniendo que perder el tiempo primero con un y después con otro en enseñarles la mecánica de trabajo. A los interinos, porque cuando les dan un puesto de trabajo, nunca saben si su vacante se ofrecerá al poco tiempo en comisión de servicios.
Y todo ello con la aceptación tácita, cantada e incluso aplaudida por los sindicatos que entonces estaban en la mesa de negociación. Sin duda, incliuso la inexistente regulación anterior, era mejor que lo actual.
Ello sin contar que prohíbe participar directamente, a quién no esté destinado a 50 Km. como mínimo de la vacante anunciada como norma general. Más claro, se anuncian dos en Juzgados de Instrucción de Valencia. Cerca de dos mil compañeros tienen vetadas esas plazas. Es decir el escalafón, la antigüedad, la experiencia o la dedicación no computan para nada, y se deja en manos de la Administración un buen porcentaje de vacantes.
Para rizar el rizo, produce una inseguridad jurídica tremenda. Entre los titulares porque ante una vacante se puede encontrar, en un corto plazo de tiempo con dos compañeros distintos, con distintos conocimientos, con o sin experiencia y además teniendo que perder el tiempo primero con un y después con otro en enseñarles la mecánica de trabajo. A los interinos, porque cuando les dan un puesto de trabajo, nunca saben si su vacante se ofrecerá al poco tiempo en comisión de servicios.
Y todo ello con la aceptación tácita, cantada e incluso aplaudida por los sindicatos que entonces estaban en la mesa de negociación. Sin duda, incliuso la inexistente regulación anterior, era mejor que lo actual.
