16 de febrero de 2017

En 2017 implantan la NOJ en toda la Comunidad y suprimen nuestros puestos de trabajo actuales

La Nueva Oficina Judicial suprimirá todos nuestros puestos, creando otros nuevos. Un proceso delicado e incierto, al que conviene prestar mucha atención. ¡Exigimos que doten los puestos de cada unidad y  nos adscriban a una concreta. Si no lo hacen, recurriremos ante los tribunales!


Sabíamos que tarde o temprano nos llegaría el turno. La NOJ lleva en vigor desde el año 2003 y ya se ha implantado en la mayoría de comunidades, aunque solo en ciudades puntuales. En cambio, nuestra Consellería quiere ir mucho más lejos, implantándola en todos y cada uno de sus órganos judiciales.

El proceso está muy avanzado y, de hecho, ya han cerrado la negociación de los nuevos puestos de trabajo (RPTs). Lamentablemente, su intención es no adscribirnos a ningún Juzgado o Tribunal, para de esa forma poder movernos de un sitio a otro a su libre albedrío de forma verbal. Para ello, pretenden adjudicarnos solamente un macrocentro de destino, pero sin asignarnos un puesto de trabajo concreto.

STAJ ha sido el único sindicato que se ha negado rotundamente, exigiéndoles que concreten los puestos de cada UPAD o Sección y que se adscriba a cada funcionario a una unidad concreta. Si no lo hacen, recurriremos ante los tribunales porque estarían vulnerando claramente la Ley Orgánica, donde se establece que:

Cada una de las macrooficinas es un centro de destino: 

Se crean solo tres : El Servicio Común General, el Servicio Común de ejecución y el conjunto de UPADs (todos los Juzgados de una ciudad son el mismo centro de destino)

Cada centro de destino debe dividirse en unidades: 

La ley Orgánica dice que habrán tantas UPADs como Juzgados, salas o secciones, y los servicios comunes procesales podrán estructurarse en secciones, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo.

Cada unidad debe tener un personal adscrito: 

Así lo manda la Ley Orgánica: “cada unidad contará con los puestos de trabajos necesarios para la atención del órgano” “que se determinarán en las respectivas relaciones de trabajo”. Por lo tanto, deben adscribirnos a un Juzgado o sección y no podemos admitir que nos dejen en un  limbo administrativo sin un puesto concreto.

Las RPTs que han elaborado no cumplen con estos preceptos de la Ley Orgánica porque no concretan la dotación de personal de cada Juzgado o Sección. Lo único que hemos conseguido tras mucha insistencia es que nos digan las dotaciones en un borrador informal, pero se niegan a incorporarlo a las relaciones de puestos de trabajo.


“Exigimos que doten los puestos de cada unidad y  nos adscriban a una concreta. Si no lo hacen, recurriremos ante los tribunales”



Hemos intentado dialogar con ellos, buscar soluciones y alcanzar consensos que permitan la modernización de la justicia sin necesidad de vulnerar nuestros derechos, pero nos hemos topado con un muro de intransigencia y se han negado en rotundo a hablar del tema.

Su argumentación es que están aplicando la misma fórmula que en otros territorios. O sea, que lo plantean como una moda o tendencia que hay que seguir a rajatabla sin pensar ¡Cómo si eso les legitimase para no cumplir lo que dice la Ley Orgánica! Seamos serios, por favor: lo que hagan en otros territorios no nos vincula en absoluto, y mucho menos si no cumple la normativa. Las cláusulas suelo de los bancos también fueron una práctica generalizada y mira como han terminado.

Tenemos muy claro que la NOJ les otorga una mayor capacidad de organización y aceptamos el mandato de la Ley. Pero también exigimos que por su parte se cumpla íntegramente la misma; especialmente sus artículos 436, 437 y 438, concretando la dotación de personal en cada unidad y asignando a cada persona a un puesto de trabajo determinado de cada Juzgado, Sala o Sección en las RPTs. Así lo dice la Ley y así debe ser.

Lo contrario sería completamente inaceptable tanto para nosotros como para los titulares de los diferentes órganos judiciales, que tendrían que ir mendigando funcionarios por no tener asignado ninguno de entrada, quedando expuestos a una total discrecionalidad o incluso a probables arbitrariedades. Algo difícil de entender para una opinión pública especialmente sensible a una posible politización de la Justicia.


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