Tal y como advertimos la semana pasada, STAJ ha impugnado las nuevas tablas retributivas aprobadas por el Consell, un acuerdo que supone un recorte encubierto de unos 200 € anuales por funcionario y por Cuerpo. Un “birle” en toda regla.
Si este acuerdo no se revoca, estaremos ante una maniobra de trilerismo institucional difícil de maquillar: llevan años negándose a actualizar el complemento específico para equipararlo a la media nacional y, ahora, además, se saltan el incremento del 2,5 % que exige la legislación básica estatal sobre el CE/CAT. Con esta jugada, el Consell se embolsa cerca de un millón de euros de los cinco que presumieron aportar “motu propio” el año pasado, a costa de nuestras nóminas.
La gravedad del asunto es aún mayor: si cumplen su compromiso de abonar por fin la “Brecha Feminizada” —adeudada desde enero de 2024 y que debe consolidarse en el CE/CAT este mes de febrero—, ese dinero desaparecerá absorbido automáticamente. Es decir, pagarían tarde, mal y gratis, apropiándose de un concepto previo y totalmente ajeno al Acuerdo estatal de subida. Otro medio millón de euros que pretenden detraer sin rubor.
Y lo peor es que este recorte no se queda en 2025: sus efectos se arrastrarían en ejercicios futuros, porque cualquier incremento posterior se aplicaría sobre cantidades artificialmente rebajadas. Un perjuicio directo y sostenido que afecta incluso a nuestras cotizaciones sociales.
Es por este motivo por el que NO debemos quedarnos de brazos cruzados y por lo que ya nos hemos puesto "manos a la obra " y hemos realizado la impugnación pertinente.
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