Actualmente existen en España 431 Registros
civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de paz con competencias en
materia de Registro civil que quieren ser privatizados por el Ministro de
Justicia. Estando servidos por unos 3.500 funcionarios de la Administración de
Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo.
La privatización del Registro civil
se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única
alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema del
Registro civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han
dotado de personal suficiente y medios materiales modernos.
Los funcionarios de los Cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia
y la capacidad para sostener el Registro civil sin necesidad de privatizarlo.
Las consecuencias para los
funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia serán nefastas, se
destruirá empleo y pasaremos a ser títeres para el Ministerio de Justicia, que
ha abierto la puerta para movernos a su capricho, sin respetar nuestros
derechos a la conciliación de la vida personal y familiar.
Con esta medida, el personal
funcionario que presta servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados
con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y serán
reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales. No
se garantiza, ni siquiera, el mantenimiento de las retribuciones de origen y
tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad
geográfica forzosa.
Pero esta privatización también
tiene serías consecuencias negativas para la sociedad,
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Se produce después de haberse realizado recientemente un importante esfuerzo
económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles,
con una inversión de unos 128 millones de euros", inversión pública que
"ahora se aprovechará" para una gestión privada.
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Con esta privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por
provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y
Melilla. Y elimina el Registro civil central. Así, la privatización del
Registro civil supone el alejamiento efectivo de este servicio de su principal
usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del
Ciudadano ante la Justicia y del sentido común.
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Además los ciudadanos pagaremos por doble vía: por los aranceles que van a
grabar a algunas inscripciones y actos del Registro civil y por impuestos, ya
que hasta ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una
sencilla razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS.
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Los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de modo
fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Esto beneficia, tanto a los
interesados como al Estado y a los terceros. Por tanto, esta privatización va a
perjudicar a la mayoría de la población.
Los
sindicatos representativos de los trabajadores de la Administración de Justicia
nos oponemos a esta privatización, ya que el Registro Civil es un servicio
público y esencial del que no se puede prescindir y su gestión ha de
materializarse en prestaciones regulares y continuas que sólo debe pertenecer
al Estado por medio de una Administración debidamente estructurada y
cualificada para poder prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.
Por ello, las organizaciones
sindicales CSIF, CCOO, STAJ Y UGT, consideramos necesario que sigan estando
servidos por los funcionarios de la Administración de Justicia, pues nadie
mejor que los funcionarios de la Administración de Justicia para ejercer las funciones
propias del Registro Civil, aprovechando la formación y experiencia que tenemos
en estos órganos.
Que por el Ministerio de Justicia
se haya comprometido a mantener todos los puestos de trabajo, de personal
funcionario titular e interino, mediante una disposición en la nueva Ley de
Registro civil que se negociará en la mesa sectorial, si bien demuestra que la
lucha es útil, no es suficiente.
En este sentido, EXIGIMOS al
Ministerio de Justicia:
Que dé marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles a
los registradores de la propiedad y mercantiles, pues significaría la
privatización inaceptable de un servicio público prestado por la Administración
de Justicia.
Que reconozca expresamente la condición de servicio público esencial de
los Registros Civiles y que en los mismos continuarán prestando servicios el
personal de la Administración de Justicia.
Que, en su caso, se garantice en la Ley de los Registros civiles, todos
los puestos de trabajo, tanto del personal titular como personal interino,
destinado en los Registros Civiles, únicos o compartidos, de toda España.
