El hecho de que se produzca la
“desjudicialización”, es decir, que los jueces dejen de ser los “encargados”
del Registro Civil, no tiene por qué
suponer que ese servicio se extraiga de la Administración de Justicia.
Existen servicios que están gestionados por funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia aunque no sean labores propias de apoyo a la
actividad jurisdiccional de los jueces y magistrados. Es el caso de los
Institutos de Medicina Legal, por ejemplo, o de otros servicios como las
Delegaciones provinciales de la Mutualidad General Judicial (que gestiona todo
lo relativo a la asistencia sanitaria de los jueces, fiscales y funcionarios de
carrera de la Administración de Justicia). En ellos, sin realizar funciones
jurisdiccionales, prestan sus servicios los funcionarios de los Cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia.
Por otra parte, no puede obviarse que los
funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
tenemos conocimientos y experiencia sobrada en esta materia, muy necesaria para
un servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser plenamente
eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una
completa modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía.
Si en definitiva se opta por la
desjudicialización, es decir, por suprimir esta competencia a jueces y
magistrados, -por ser actividad no jurisdiccional-, la propuesta que hace el
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia pasa también por la
derogación de la Ley de 2011, aun sin haber entrado en vigor.
Proponemos, y así lo solicitamos
expresamente, que los Registros Civiles continúen
siendo un servicio de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales sean los Encargados
de los mismos, y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa, y Auxilio Judicial, continúen prestando sus servicios en
las respectivas oficinas de Registro Civil, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en
definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al
menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro
Civil.
Como siempre, este sindicato ofrece su plena colaboración para lograr un
servicio moderno de la máxima eficacia para beneficio, en definitiva, de los
ciudadanos, que es a quien va dirigido. Abogamos por su modernización, para lo
cual, insistimos, lo necesario es una mayor inversión en medios tecnológicos y
humanos, así como su permanencia dentro de la Administración de Justicia, en
los términos aquí expuestos, lo que garantizará su calidad y una gestión
absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los
ciudadanos, a quienes todos nos debemos
