EL MINISTERIO NO HA DICHO NADA FORMALMENTE, nos hemos enterado por otros medios, pero en conversaciones privadas nos han comunicado que es verdad pero que no van a decir nada oficial, de momento.
13 de febrero de 2014
Registro Civil: El gobierno entrega el Registro a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles
El Ministerio, en una postura cobarde y
mezquina y contraria al Principio de Buena Fe que debe presidir toda relación
laboral, ha ocultado la realidad al colectivo de funcionarios, a sus
propios funcionarios de Justicia, y la realidad es que a fecha de hoy el
Ministerio de Justicia ha decido entregar los Registros Civiles a los
Registradores. La decisión fue comunicada a la Junta de Gobierno del Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles el pasado lunes 10 de febrero, por
la tarde.
EL MINISTERIO NO HA DICHO NADA FORMALMENTE, nos hemos enterado por otros medios, pero en conversaciones privadas nos han comunicado que es verdad pero que no van a decir nada oficial, de momento.
La máxima
preocupación del Ministerio de Justicia es la inminente entrada en vigor de la
ley del Registro civil del 2011, que tiene una vacatio legis de tres
años, vacatio que finaliza en julio de este año, y esta preocupación ha
obligado a adoptar esta decisión definitiva sobre la llevanza del Registro
Civil.
Los grandes beneficiados son los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, y los trabajadores de esos Registros, que se les asegura una carga
de trabajo que desaparece de los Registros Civiles y por tanto del ámbito de la
Administración de Justicia. Los grandes perdedores el colectivo de funcionarios
de Justicia.
STAJ HA PRESENTADO QUEJA ANTE EL
MINISTERIO POR HABER OCULTADO A LOS TRABAJADORES, UNA VEZ MAS, SUS PLANES, Y
CONTINUARÁ LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, por
demandarlo así tanto los funcionarios de Justicia como los ciudadanos, que con
las miles de firmas presentadas recientemente por STAJ ante el Ministerio, han
avalado que el Registro Civil siga siendo público y gratuito y gestionado por
funcionarios de la Administración de Justicia.
