El Sindicato Independiente de la
Administración de Justicia (STAJ) ha llevado al Ministerio de Justicia más de
10.000 firmas contra la "privatización" del Registro Civil y ha
reclamado que no "haga caso omiso de este clamor" para que siga
siendo un servicio público, gratuito y de calidad.
A su juicio, de
materializarse la idea de entregar el Registro Civil a los registradores
supondrá la "privatización de un servicio público, que pagan todos los
ciudadanos con sus impuestos" para favorecer "únicamente" a los
Registradores, que "tras la burbuja inmobiliaria han visto mermados sus
ingresos".
