La incapacidad del Ministerio de Justicia de
sacar adelante su Ley de Registros —que anunció hace año y medio y sigue
parada— está a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley debía
entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, para dar cumplimiento a un
mandato del Congreso de 2011. Pero ni está lista ni se la espera: el ministerio
no logra ponerse de acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para que asuma
—gratis— el trabajo de gestión de los registros civiles que ahora realizan
jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo, Justicia
estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una prórroga in
extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no
tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una
salida al bloqueo.
