Su excusa es lograr una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, aunque todos sabemos que solo se trata de eso: una simple y burda excusa. Porque dicha flexibilidad ya la tienen ahora mismo con los sistemas de redistribución y reordenación del personal que contempla la normativa vigente, y no necesitan reformar la ley para poder reasignar recursos. Pero es evidente que les parece poco. No ya porque no puedan hacerlo, sino porque les obligan a moverse dentro de unos procedimientos reglados, transparentes y con garantías, cuando lo que ellos pretenden es mandar a donde les de la gana a quien les de la gana, sin respetar preferencias ni derechos.
¿Y de quien dimana esta iniciativa tan polémica?
Evidentemente de los letrados de la administración de justicia que ostentan las decisiones de gestión y control en el Ministerio. Unos letrados que, en muchos casos, han perdido el contacto con el trámite procesal y con ello la noción real de lo que ocurre en juzgados y tribunales. Prueba de ello es la inquietud y estupor que provocan muchas de sus decisiones en la mayoría del resto de Letrados que realmente están al frente de las oficinas judiciales.Ya hemos podido comprobarlo con la tan cacareada digitalización de la justicia y su modernización a través de la nueva oficina judicial, que en ambos casos han supuesto una ralentización de los trámites y un aumento del trabajo. Es decir, justamente lo contrario de lo que sus responsables anunciaban. En resumen, que han invertido una importante suma de dinero público para complicarnos las tareas diarias y lastrar todavía más si cabe la carga de trabajo de los órganos judiciales.
Este pésimo resultado hubiese implicado en cualquier empresa privada la dimisión o el cese fulminante de todos sus responsables, pero la administración es otro mundo y éstos se exhiben reforzados ahora con nuevos planes que vienen a decirnos lo de siempre “Los Letrados del Ministerio tomamos todas las decisiones sin consultar con nadie, pero si salen mal la culpa es de los trabajadores y hay que apretarles más las tuercas”.
Desde STAJ les hemos reclamado repetidas veces que impliquen al personal de justicia en la toma de decisiones
Porque en definitiva somos los Gestores, Tramitadores y Auxilios quienes llevamos a cabo todos los trámites ¿Y quién sabe mejor que nosotros las necesidades o requisitos que deben cubrir los nuevos sistemas y métodos de trabajo? El problema es que no hemos conseguido que se bajen de su pedestal y se avengan a iniciar un grupo de trabajo con los cuerpos al servicio de la administración de justicia.En cuanto a la discrecionalidad en la asignación de puestos, desde STAJ seguiremos peleando con uñas y dientes contra la misma. Simplemente porque no tiene ningún sentido y porque está más que demostrado que la implicación y motivación del personal debe ser una máxima a seguir por cualquier organización que se precie. Y la mejor forma de motivar e implicar al personal de justicia es preservar su seguridad en el puesto de trabajo, restringiendo la movilidad forzosa y facilitando al máximo la voluntaria, a fin de que cada persona pueda optar al tipo de puesto que le resulte más idóneo. Todo lo demás son cuentos y excusas políticas, de los que ya estamos hasta las narices!!
