Según ha explicado a Confilegal María Jesús Moro, portavoz del PP en dicha Comisión, dicha “vacatio legis” (la quinta desde la aprobación de la ley en 2011) tomará la forma legal de enmienda adicional a la proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de vivienda desocupada y para que los ayuntamientos puedan regular bonificaciones potestativas, conocida familiarmente como “la ley de los ocupas”.
“Fue incorporada ayer a la ponencia y el próximo martes, 24 de abril, será aprobada en la Comisión de Justicia, que, ese día, tendrá competencia legislativa plena, por lo que, después, será enviada al Senado”, añadió. El objetivo es que, de acuerdo con los calendarios, entre en vigor el 27 de junio. Con tiempo.
“Nos hemos comprometido todos a trabajar sobre un texto nuevo en este periodo de tiempo, con objetivo de hacer un Registro Civil público, gratuito, accesible electrónicamente y que mantenga la cohesión territorial. Y a que sea aprobado con el máximo consenso”, concluyó.
Desde STAJ hemos mantenido repetidos contactos con el Ministerio de Justicia y con los diferentes Grupos políticos para desbloquear la situación, instando la búsqueda de consensos. Por ello, celebramos esta nueva prórroga, aunque seguimos exigiendo que la tramitación de la reforma de la Ley siga su curso, pues en otro caso no se estará sino continuando la situación de incertidumbre de los más de 5.000 funcionarios de Justicia destinados en Juzgados con competencias de Registro civil.
Por otro lado, nos alegra que por fin haya colectivos que se hayan dado cuenta de la situación y ahora alcen su voz contra la ley de 2011. Nunca es tarde, aunque nosotros lo hemos venido advirtiendo desde que se tramitaba aquella ley, pues, como venimos diciendo desde entonces, con la Ley 20/2011, desaparece el Registro Civil tal como lo conocemos creándose unas cuantas pocas oficinas de Registro Civil al antojo de cada Comunidad Autónoma, quedando fuera de la Administración de Justicia, perdiendo sus destinos los funcionarios que ahora ocupan puestos de Registro Civil, reordenándose a otros puestos (los funcionarios de carrera) o directamente cesados (los funcionarios interinos), y poniendo en serio riesgo la continuidad de los Juzgados de Paz al desaparecer una de sus principales funciones. En resumen, el desmantelamiento total de las actuales oficinas de Registro Civil.
STAJ ha luchado en todo momento para que nada de eso suceda y seguimos defendiendo el mantenimiento del Registro Civil como un servicio público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación territorial actual, manteniendo las actuales oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz.
