12 de septiembre de 2019

STAJ exige a la Consellería que cumpla los acuerdos retributivos


Desde STAJ hemos presentado un nuevo escrito reclamando el cumplimiento de sus compromisos retributivos con el personal de justicia. Unos compromisos que se encuentran paralizados desde hace meses.

Dicha paralización afecta al pago íntegro por sustitución a un cuerpo superior, la aplicación de los porcentajes de masa salarial pendientes de ejecutar y el cobro íntegro de la carrera profesional plasmado en el borrador de acuerdo retributivo (Ver borrador de acuerdo) que se encuentra pendiente del visto bueno de la Consellería de Hacienda y que contenía los siguientes puntos:

1º.- El 100% de la carrera profesional que cobra el personal del Consell

2º.- El cobro de la carrera por el personal interino

3º.- La revisión de nuestro complemento específico para adecuarlo a la media estatal

Por ello, desde STAJ les hemos requerido expresamente para que sin más dilación habiliten las partidas presupuestarias oportunas para que se hagan efectivos los citados acuerdos retributivos y podamos terminar con el agravio comparativo que sufre el personal de justicia de la Comunidad Valenciana respecto al resto de funcionarios del Consell por el concepto carrera profesional, y respecto a otras comunidades autónomas en cuanto al complemento específico y el cobro íntegro de sustituciones.

¡Exigimos nuevamente que cumplan sin más demora sus compromisos!


Un hipotético incumplimiento sería totalmente inadmisible para STAJ. Máxime si tenemos en cuenta que desde las últimas elecciones sigue vigente el mismo marco jurídico que existía en el momento del preacuerdo, así como el mismo Govern y la misma Consellera que adquirieron los indicados compromisos.

No podemos aceptar que dicho Govern nos siga dando largas, mientras aumenta en 53.000.000€ su presupuesto para altos cargos e incrementa en más de un 50% su número de asesores y cargos políticos.

Por lo tanto, exigimos ver hechos tangibles cuanto antes. Lo contrario no tendría ninguna justificación y constituiría un flagrante insulto a la inteligencia de las 4.500 personas que integran el colectivo de funcionarios judiciales de la Comunidad Valenciana, lo que inevitablemente derivaría en una convocatoria de movilizaciones.