Por ello, hemos vuelto a reclamar a los órganos de representación de la Mutualidad General Judicial la adopción de todas las medidas a su alcance para eliminar el grave desequilibrio que existe entre los jubilados del Régimen General y los de la administración de justicia pertenecientes a clases pasivas.
El actual sistema nos discrimina flagrantemente, ya que un jubilado del Régimen General con unos ingresos de 18.000 a 100.000 euros solamente tiene que pagar por medicamentos un 10% con un límite mensual de 18,52€, mientras que los funcionarios jubilados con ese mismo nivel de ingresos sufren un cargo del 30% sobre el precio de venta y sin límite mensual. Es decir, que en el mejor de los casos pagamos el triple que el resto de jubilados, y en determinadas enfermedades nos puede suponer un verdadero descalabro económico.
Nuestra petición de equiparación constituye una reivindicación histórica que ya se ha debatido en múltiples ocasiones, tanto en la Mutualidad General judicial como en Muface, habiéndose llegado a establecer determinadas ayudas al copago para los pensionistas con rentas más bajas, que solo afecta a una ínfima minoría de nuestro colectivo y la discriminación sigue vigente en la inmensa mayoría de casos.
Desde STAJ insistimos en que se debe solucionar cuanto antes esta lamentable discriminación, una postura que ha sido apoyada por diferentes portavoces del PSOE, partido gobernante en España, como lo prueba la intervención parlamentaria de su senador D. Luis Garcia Maña en mayo de 2018, en la que consideró “una injusticia la aportación de los funcionarios jubilados en concepto de copago por los medicamentos” y solicitó expresamente la mejora de su cobertura farmacéutica, por considerar “insostenible” el hecho de pagar de por vida los medicamentos, por la perentoria necesidad de medicinas llegada la vejez, al contrario que otros colectivos que gozan de una reducción de las tarifas o de un tope máximo.
Asimismo, en Julio de 2018 la Ministra de Sanidad, Carmen Montón, aseguró que de cara a esta legislatura el Ejecutivo abordaría la supresión del copago para los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad y reconoció el desequilibrio que existe entre los jubilados del Régimen General y los ex funcionarios pertenecientes a clases pasivas, aunque, a pesar de ello, no incluyó la correspondiente modificación en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, por lo que su compromiso político sigue pendiente de cumplimiento.
En estos momentos, celebradas las últimas elecciones y habiéndose concretado la representación parlamentaria de los diferentes partidos políticos, es hora de volver a reclamar con firmeza la inclusión en los próximos presupuestos de las partidas pertinentes para terminar de una vez por todas con esta grave discriminación y situar a los funcionarios jubilados en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.
Por todo ello, hemos vuelto a proponer las siguientes acciones:
1º.- Que se debata y apruebe la presente propuesta en los órganos de Gestión de la Mutualidad General Judicial.
2º.- Que se inicien nuevos contactos con el resto de Mutualidades (Muface e Isfas) con el fin de elaborar una petición conjunta y una línea de acciones coordinadas.
3º.- Que se presente formalmente dicha petición conjunta ante el Ministerio de Justicia y se remita copia de la misma a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, iniciándose una ronda de contactos con todos ellos para conseguir el máximo apoyo posible a esta iniciativa.
