• El Ministro expresa su propósito de avanzar en la Oficina judicial apostando por la instauración de tribunales de instancia y estudiar la reestructuración de partidos judiciales, pero manteniendo órganos judiciales en todos los pueblos y ciudades donde ahora existen y sin pérdida de puestos de trabajo.
• Mantiene el Registro Civil con su estructura actual y sin pérdida de puestos de trabajo, con las 431 oficinas existentes en las cabezas de partido, si bien cambiando el modelo actual por el establecido en la Ley 20/2011. No aclara nada sobre las competencias registrales de los Juzgados de Paz.
• Presentará al Parlamento una nueva LECRIM para atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal.
En la reunión el Ministro ha expresado su disposición al dialogo y ha abogado por lograr el máximo consenso para reformar la Administración de Justicia, intentando que esas reformas sean satisfactorias para todos los actores implicados en la Justicia, poniendo en el centro la mejora del servicio público. Ha explicado que la metodología de trabajo del Ministerio consistirá en un permanente contacto con las centrales sindicales y resto de colectivos implicados en la Administración de Justicia, con reuniones de trabajo en la que entre todos podamos dar contenido al Plan del Ministerio, que ha denominado Plan Justicia 2030, para lograr dar definitiva solución a los muchos problemas que padece la Administración de Justicia desde hace años.
Ha abogado firmemente por la instauración de los tribunales de instancia y la reestructuración de partidos judiciales allí donde se considere preciso para prestar un mejor servicio, pero dejando claro que ello no va a suponer ni pérdida de puestos de trabajo ni desaparición de órganos judiciales de los pueblos y ciudades donde ahora se ubican, que tendrán competencias en aquellas materias más comunes y sobre todo aquellas que permitan una más fácil y rápida solución, para lo que se acometerán las reformas procesales que sean precisas, y dejando para órganos con competencias territoriales más amplias las cuestiones más complejas.
Desde STAJ hemos expresado al Ministro que si quiere que las reformas funcionen, debe comenzar por el reconocimiento, a todos los efectos, de la importante e imprescindible labor que desempeñamos los funcionarios, recordándole que si la Administración de Justicia funciona, a pesar de su carencia de medios, es por el esfuerzo diario y la profesionalidad de quienes trabajamos en ella.
Además, hemos reclamado que cualquier reforma que afecte de forma directa o indirecta a los puestos de trabajo, debe avanzar en la diferenciación y especialización de los mismos, permitiendo sin limitaciones la libre elección de los puestos de trabajo concretos que integren las diferentes oficinas y unidades, huyendo de cualquier limitación en este aspecto que suponga movilidad forzosa para los funcionarios. Cuestión esta que cobra especial relevancia en el proyecto de atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, que necesariamente supondrá una importante reordenación de efectivos pero que no debe afectar negativamente ni a derechos ni a retribuciones.
En cuanto al Registro Civil, el Ministerio ha expresado su voluntad de que permanezca servido por funcionarios de justicia, con mantenimiento de las 431 oficinas existentes actualmente en las cabezas de partido, si bien implantando de manera progresiva el nuevo modelo de Registro tecnológico previsto en la Ley 20/2011. STAJ ha exigido claridad en esta materia, y hemos reiterado nuestra apuesta por el mantenimiento dentro de la Administración de Justicia, servido entera y exclusivamente por funcionarios de Justicia, con los LAJ como encargados pero también en determinados supuestos y condiciones los Gestores, y con mantenimiento de la estructura actual de oficinas registrales, incluidos las de los Juzgados de Paz, sobre cuyas competencias registrales el Ministro no ha aclarado nada a pesar de habérsele preguntado reiteradas veces.
Junto a estas consideraciones que hemos expresado al Ministro en respuesta a los proyectos de reforma que tiene en mente, STAJ ha relacionado y presentado por escrito nuestras reivindicaciones más urgentes y prioritarias, que os resumimos a continuación:
• Negociación de las bases de la Carrera profesional, sin perjuicio del desarrollo posterior en cada ámbito.
• Mejora de la promoción interna, con recuperación de la reserva del 50% de las plazas. Solución a los graves problemas y demoras que está presentando la actual convocatoria e introducción de mecanismos que eviten estas situaciones lamentables. Problemas que también se producen en el turno libre.
• Culminación del cumplimiento del Acuerdo de diciembre de 2018, de mejora de empleo en la Administración de Justicia. Mayor autonomía de la oferta de empleo en Justicia, que permita convocatorias inmediatas tan pronto queden resueltos los concursos de traslado y se determinen las necesidades de personal existentes.
• Mejora de los concursos de traslado, con oferta de todas las plazas disponibles y acortamiento de su resolución definitiva, con revisión de los plazos de “congelación” así como establecimiento de mecanismos de coordinación entre la resolución de los concursos y las ofertas de plazas a funcionarios de nuevo ingreso, que no frustren las expectativas del personal para acceder a determinados puestos o localidades.
• Solución política a los problemas de ausencia de cotizaciones a la Seguridad Social de muchos interinos por parte del Ministerio de Justicia.
• Modificación del Reglamento de ingreso para mejorar la regulación de comisiones de servicio y sustituciones tanto horizontales como verticales, que deben ser en todo caso retribuidas, y con pleno reconocimiento administrativo y retributivo del tiempo de servicios prestado en sustitución a cuerpo superior.
• Establecimiento de protocolos contra el acoso laboral y lucha contra situaciones de abuso de autoridad, cada vez más frecuentes por parte de los “superiores jerárquicos”
