Sin embargo, el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos del complemento general de puesto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, establece: “Artículo 3. Clasificación de puestos tipo a efectos del complemento general de puesto.
1. A efectos del complemento general de puesto, los puestos de trabajo que integran las oficinas judiciales y los servicios no jurisdiccionales se clasificarán en los siguientes tipos, para cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia:
Tipo I. Puestos adscritos a unidades que presten servicios a las siguientes sedes:
a) Las ciudades de Madrid y Barcelona.
b) Otras localidades atendidas por magistrados en las provincias de Madrid y Barcelona.
Tipo II. Puestos adscritos a unidades que presten servicios a las siguientes sedes:
a) Las ciudades de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
b) Otras localidades atendidas por magistrados en las provincias de Vizcaya, Las Palmas, Málaga, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Tipo III. Puestos adscritos a unidades que presten servicios a las poblaciones no incluidas en los tipos I y II."
A la vista de lo anterior, siendo Alicante una provincia con más órganos judiciales y más carga de asuntos que la mayoría de las ciudades del Tipo II, que perciben mejor Complemento General del Puesto que las del Tipo III donde está integrada Alicante, hemos solicitado de la Dirección General de Justicia de la Comunidad que inste el cambio de Puesto- Tipo al Ministerio, al mismo tiempo que hemos dirigido oficio igualmente al Ministerio para que se proceda a resolver dicha discriminación, y se proceda al cambio de Tipo de puesto y consiguiente incremento del Complemento General del Puesto en aquellos centros que sean servidos por Magistrados, como establece el Real Decreto antes citado.
