Hoy han comenzado las reuniones de trabajo que a lo largo de este mes tendrán lugar con el Ministerio de Justicia con el fin de conseguir un documento en el que quede reflejado el impacto que la plena transformación digital de la Administración de Justicia, prevista en el Real Decreto-ley 6/2023 y en las Leyes de eficiencia tendrá en el trabajo y funciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, que servirá de base para el incremento salarial que estamos exigiendo.
Desde el Ministerio nos trasladan su disposición para alcanzar una redacción en la que quede reflejado el reconocimiento al esfuerzo que el personal de los cuerpos generales y especiales va a tener que realizar para adaptarse a esa transformación tecnológica, que implicará trabajar plenamente en entornos digitales y además facilitar que los ciudadanos también puedan relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia, en lo que los funcionarios habrán de desempeñar un papel primordial, que debe ser reconocido legal y retributivamente.
Desde STAJ, hemos resaltado la importancia de ese reconocimiento de funciones, tareas y responsabilidades, que en todo caso debe traducirse en un incremento retributivo suficiente y de aplicación en todo el Estado, así como la necesidad de acometer paralelamente la negociación de la reforma organizativa de la Administración de Justicia, entre otros aspectos igualmente importantes.
Así, hemos puesto especial énfasis en los siguientes puntos:
- Necesidad de reconocimiento de las funciones:
Hemos insistido en la necesidad de poner en valor no solo las nuevas funciones y responsabilidades que se asumen, sino también la necesidad de reconocer legalmente las funciones que ya se desempeñan, mediante la redefinición de las funciones recogidas en la LOPJ, muchas de las cuales han quedado ya obsoletas, y otras muchas que se realizan pero que no se reconocen. Todo ello debe quedar reflejado en la LOPJ, que será reformada mediante la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO)
-Formación continua para todo el personal funcionario, adaptada a sus necesidades y conocimientos, dado que la transformación digital de la Justicia requiere de un esfuerzo añadido de los funcionarios pero que es imposible asumir sin una adecuada formación que debe venir a cargo de la Administración, que es la obligada a ello. Por ello, desde STAJ hemos solicitado que la formación sea continua y adaptada al nivel de conocimiento del personal, pues no debe olvidarse que el nivel de conocimientos y capacidades informáticas del personal es muy diverso.
-Incremento retributivo: Hemos dejado claro que este cambio hacia la justicia digital implica muchas más responsabilidades sobre los cuerpos generales y especiales ya que ellos serán los únicos garantes del acceso de los ciudadanos y los profesionales a los nuevos sistemas, además de mantener sus funciones ordinarias de trámite que ya venía haciendo y que eso debe en todo caso, tener un reconocimiento a todos los niveles, especialmente el retributivo.
-Negociación de la LOEO, que para STAJ es una prioridad y que debe realizarse desde su inicio puesto que afecta directamente a las condiciones de trabajo y vincula derechos de los trabajadores y trabajadoras, que deben quedar garantizados. Para STAJ, al igual que el aspecto retributivo, es una línea roja que no podemos eludir.
Paralelamente, debe acometerse la mejora de la promoción interna, procesos selectivos y concursos de traslado, desarrollo reglamentario de la carrera profesional, regulación básica del teletrabajo y negociación del reglamento del Registro Civil.
