Peor el Acuerdo que la enfermedad

 

Hoy, 1 de julio, entran en vigor los verdaderos efectos del Acuerdo suscrito el pasado de 5 de julio de 2021, en el ámbito de la Mesa General de la Función Pública estatal, firmado el 6 de julio de 2021 y que dio lugar al RDL 14/21, de 7 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, y posteriormente a la Ley 20/21 que tenía el mismo fin y en los que se recoge el siguiente párrafo: "Igualmente, en el marco del diálogo social, la propuesta se ha negociado con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y se ha plasmado en un Acuerdo entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF". 

Pues bien aquí tenemos las consecuencias:

Ceses masivos de refuerzos, sin tener en cuenta las necesidades del juzgado, cambiando el cuerpo del refuerzo cesado por un refuerzo de otro cuerpo (gestores por tramitadores y viceversa). Hecha la ley, hecha la trampa. 

Cese de cualquier funcionario interino que esté en vacante, cuando su plaza se ofrezca a un proceso selectivo (en teoría se ofrecerán todas antes de diciembre), aunque no se cubra, volverán a nombrar a otra persona para el mismo puesto.

Concurso de méritos, que por lo visto solo va a servir para la estabilización de un mínimo porcentaje de personal interino y la promoción de algún titular aislado, pero no para la estabilización (creación) de ninguna plaza, perjudicando gravemente la oferta de vacantes a procesos selectivos tanto libre como de promoción interna.

Las correas de transmisión políticas, al final solo sirven para el clientelismo político y se apoyan en sus tentáculos político-sociales, para servir a su gente, con un claro ejemplo en Ayuntamientos y otras Administraciones de todos conocidas.