Este 8 de enero ha tenido lugar en el Ministerio de Justicia la firma del Acuerdo ratificando el Preacuerdo suscrito
en julio, por el que se fijan garantías para el personal en el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia
previstos en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de
Justicia.
Las enmiendas introducidas en el texto definitivo de la ley tras el preacuerdo de julio, junto con la
modificación del Reglamento de Ingreso, actualmente en trámite, se garantizan derechos y retribuciones del
personal durante la transición al nuevo modelo organizativo ya aprobado.
Asimismo, se asegura el
mantenimiento de los puestos de trabajo, la no amortización de plantillas y la voluntariedad en el proceso de
acoplamiento a las nuevas oficinas.
Se incluyen además mejoras en materia de promoción interna, teletrabajo entre otras materias, y abre, por fin,
la negociación del Real Decreto de carrera profesional, de aplicación en todo el Estado y que supondrá la
percepción, a medio plazo, del complemento correspondiente.
El acuerdo es el resultado de la negociación de los aspectos de la ley de eficiencia organizativa que afectan
directamente a las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Esta
negociación ha sido posible únicamente gracias a la insistencia de STAJ para que se convocara la mesa sectorial
con este fin, negociación que tuvo lugar durante el segundo trimestre de 2024.
Lo logrado es sumamente positivo por lo que supone de mitigación de los perniciosos efectos que iba a suponer
la aplicación de la ley de eficiencia, cuyo proyecto original constituía el mayor ataque que se recuerde a los
derechos de los funcionarios de Justicia, con posibles pérdidas de puestos de trabajo e incluso de retribuciones.
Además, se recogen mejoras largamente reclamadas por STAJ, como son la determinación de la negociación del
RD de carrera profesional, elevación al 50% de la reserva plazas para promoción interna, la regulación básica del
teletrabajo o la negociación del Reglamento del Registro Civil, entre otras cuestiones.
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