Podríamos poner este ejemplo o mil más, pero el resultado sería siempre el mismo: la Justicia Valenciana no funciona, ni funcionará, sin inversión, sin personal suficiente y sin respeto hacia quienes la sostienen cada día.
No se puede construir un servicio público de calidad a base de castigar, desmotivar y despreciar al personal que lo hace posible.
¿Aquí se negocia algo? La respuesta es clara: NO. Nada se negocia. Todo se impone.
En enero fuimos testigos de la limosna disfrazada de incremento en el Complemento Específico; en abril, de la no negociación de las cuantías del PAC 2025. Más de lo mismo: decisiones unilaterales, sin diálogo ni transparencia.
¿Y las Fases I y II de los Tribunales de Instancia? Exactamente igual.
Se advirtió una y otra vez en las mesas de negociación, se presentaron ejemplos de otros ámbitos territoriales donde sí hay inversión, donde las RPTS son más justas y equilibradas y los trabajadores están reconocidos.
Pero aquí se hace oídos sordos, se ignora la realidad y se gobierna por imposición.
Fase III: aún estamos a tiempo
¿Qué va a pasar con la Fase III?
No podemos seguir agachando la cabeza ante esta masacre laboral.
Es el momento de decir ¡basta ya!, de exigir lo que nos corresponde y de defender nuestra dignidad profesional.
Sin la participación activa del colectivo, será imposible revertir esta situación.
Tenemos que abrir los ojos: lo que viene —y lo que ya está pasando— afecta directamente a nuestras condiciones de trabajo, a nuestro futuro y al funcionamiento mismo de la Justicia valenciana.
Una reforma impuesta y opaca
La Dirección General de Justicia (DGJ) vuelve a dar la espalda a los trabajadores. Por eso, y como ya es sabido, los sindicatos en casi unidad sindical nos levantamos de la mesa del pasado 8 de octubre.
La DGJ pretende implantar una nueva estructura judicial sin negociar absolutamente nada, sin transparencia, y sin garantizar la estabilidad ni las funciones de los trabajadores en sus nuevos destinos.
Ahora, para intentar lavar su imagen y cumplir el expediente, la Administración pretende convocar una nueva mesa de “negociación”. Pero todos sabemos lo que es: un paripé.
No hay negociación real, no hay propuestas, no hay voluntad de escuchar.
Solo quieren hacerse la foto y vender diálogo donde lo único que hay es imposición.
Una reforma de tal magnitud no puede imponerse ni por decreto ni por la puerta de atrás. Afecta directamente a nuestras condiciones laborales y al funcionamiento diario de los órganos judiciales, y por tanto exige negociación real.
Salarios a la cola
La Comunidad Valenciana tiene el complemento específico más bajo de todo el colectivo nacional.
Y, aun así, la DGJ no muestra la menor intención de corregir esta injusticia ni de reconocer el esfuerzo, la carga de trabajo y la profesionalidad que los funcionarios llevan años soportando.
Mientras se exige más trabajo, más adaptación y más responsabilidad, los salarios permanecen a la cola y las plantillas continúan bajo mínimos.
Sin negociación, no hay paz social
Esta política de hechos consumados vulnera derechos laborales básicos y destruye las reglas del diálogo social.
No se puede construir una Justicia moderna sobre el autoritarismo ni sobre el silencio sindical.
Por todo ello, anunciamos que acudiremos a los tribunales para defender los derechos de los trabajadores y no descartamos movilizaciones si la Administración persiste en su actitud de desprecio hacia el personal.
Además, exigimos que antes de sentarnos a cualquier mesa de negociación, se materialice la subida del Complemento Específico.
La dignidad y el reconocimiento no se negocian: se cumplen.
Nuestra postura es firme y clara:
Sin negociación, no hay acuerdo.
Sin respeto, no hay paz social.
Porque la Justicia no puede funcionar pisoteando a quienes la hacen posible cada día.
