Ayer, 2 de febrero de 2026, las organizaciones sindicales mantuvimos una reunión con la Consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis, celebrada en unidad sindical y que se prolongó durante más de cuatro horas.
Sobre la mesa había dos cuestiones centrales que preocupan seriamente al personal de la Administración de Justicia:
• La implantación de la tercera fase de los Tribunales de Instancia.
• El cumplimiento del acuerdo de legislatura 2024-2027.
El balance de la reunión no puede calificarse de satisfactorio. Demasiado tiempo para obtener, una vez más, buenas palabras y muy pocos compromisos concretos.
Una tercera fase improvisada y mal planificada
La implantación de la tercera fase de los Tribunales de Instancia se está llevando a cabo de forma precipitada y sin una planificación adecuada, generando un desorden que está afectando directamente al personal.
Un ejemplo claro es lo ocurrido el 30 de diciembre de 2025, cuando se crearon puestos de jefatura sin que se conociera con claridad cuántos puestos se recalificaban, con qué criterios y por qué no se hizo con mayor antelación. Esta falta de previsión ha derivado en un proceso caótico cuyas consecuencias están pagando los trabajadores. La Administración justificó esta situación alegando que tuvo la obligación de publicar la resolución provisional, lo que impidió recolocar al personal interino en las vacantes existentes.
Según se nos trasladó, esta misma semana pretenden publicar por fin la resolución provisional del acoplamiento, lo que permitiría desbloquear nombramientos de interinos, sustituciones verticales y comisiones de servicio que llevan semanas paralizadas.
Desde las organizaciones sindicales también denunciamos las formas en las que se está realizando el acoplamiento. Lo lógico hubiera sido confirmar primero al personal en sus puestos y, posteriormente, abrir los procesos voluntarios. Haberlo hecho todo a la vez ha generado inseguridad, incertidumbre y una sensación generalizada de descontrol.
A todo ello se suma que la aplicación de gestión procesal Just@ no está adaptada al nuevo modelo organizativo, algo que la propia Consellera reconoció. La prioridad, según se nos indicó, es desplegar primero el modelo y adaptar la aplicación después, de ahí las prisas por lo primero. Se dejó abierta la posibilidad de negociar modificaciones estructurales de las nuevas RPTS más adelante. Desde las organizaciones sindicales denunciamos que nuestro ámbito es el más perjudicado de los trece existentes en la Administración de Justicia.
El acuerdo de legislatura sigue sin cumplirse
El segundo gran bloque de la reunión fue el incumplimiento del acuerdo de legislatura 2024-2027, especialmente en lo relativo a retribuciones y condiciones de trabajo. Trasladamos nuestra profunda preocupación por la falta de avances reales.
La Consellera nos informó de que en los próximos días mantendrá una reunión con el Conseller de Economía y que el asunto ha sido tratado con el President de la Generalitat. Esperamos que de ahí salga el compromiso económico necesario para adecuar el complemento específico a la media nacional y dejar de ser el ámbito peor retribuido de todo el Estado.
También exigimos el cumplimiento del compromiso de equiparación del complemento de carrera profesional con el del resto del personal del Consell, así como la aplicación íntegra del 0,5 % y del 2,5 % de subida correspondientes a 2025 a todo el complemento específico, sin exclusiones que en la práctica suponen una pérdida salarial.
En materia de infraestructuras, el mensaje fue igualmente preocupante: salvo contadas excepciones, la adaptación de las sedes judiciales al modelo de tribunal de instancia no sería posible ni siquiera en diez años, por falta de recursos económicos.
Refuerzos estructurales y cuestiones pendientes
La única noticia relativamente positiva fue la reconversión de aproximadamente 200 plazas de refuerzo en plazas estructurales, manteniéndose las otras 200 como refuerzos. Una medida largamente reivindicada que permitiría ofrecer estas plazas en concursos de traslado y ofertas de empleo público.
Asimismo, se solicitó con carácter urgente la convocatoria de mesas técnicas para regular las sustituciones verticales en los nuevos tribunales de instancia y la creación de una mesa específica de justicia de paz.
Movilizaciones y defensa del personal
Mientras tanto, y a la espera de hechos y no solo de palabras, mantendremos nuestro calendario de movilizaciones. Porque los cambios impuestos sin negociación real, la improvisación y la pérdida de derechos no pueden normalizarse, y el personal de justicia no está dispuesto a asumir en silencio las consecuencias de una mala gestión.
