El pasado miércoles 8 de abril tuvo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 8 de enero de 2025, suscrito entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales STAJ, CSIF, UGT y CIG, para garantizar una transición ordenada al nuevo modelo de Oficina Judicial derivado de la Ley Orgánica 1/2025 que instaura los Tribunales de Instancia.
Durante la reunión, STAJ denunció con contundencia las graves disfunciones que se están produciendo en la implantación del nuevo modelo. En numerosos territorios, las Relaciones de Puestos de Trabajo aprobadas incumplen criterios esenciales del Acuerdo, como la creación indebida de equipos y/o grupos funcionales. A ello se suma la actuación unilateral de diversos Secretarios Coordinadores y Directores de Servicios, que están configurando “equipos funcionales” no previstos en las RPT y excediendo claramente sus competencias. Por estos motivos, STAJ ha recurrido la mayoría de RPT afectadas, así como múltiples protocolos e instrucciones dictados sin amparo normativo.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la redistribución de procedimientos entre el personal se está realizando sin criterios claros, homogéneos ni transparentes, generando desorganización, desigualdad y una sobrecarga de trabajo inasumible. Se están asignando tareas propias de la Oficina Judicial a Oficinas de Justicia en el Municipio e incluso a Oficinas Delegadas en centros penitenciarios sin estudio previo de viabilidad, ignorando las funciones reales de cada órgano.
El tránsito al nuevo modelo ha implicado también traslados y reubicaciones que han provocado situaciones de hacinamiento en numerosas dependencias, sin que el Ministerio ni las CCAA hayan adoptado medidas para garantizar condiciones dignas de trabajo. Además, se están vulnerando garantías básicas recogidas en el Acuerdo, como el mantenimiento de funciones durante el proceso de confirmación o la frecuencia de guardias.
El resultado es una implantación caótica, burocratizada y profundamente ineficiente, que está generando estrés y sobrecarga en la práctica totalidad de los puestos de trabajo. El servicio público de Justicia solo se mantiene gracias a la profesionalidad y compromiso del personal, que una vez más está sosteniendo lo que la Administración no ha sabido planificar.
Aunque el Ministerio trató inicialmente de minimizar la gravedad de estas disfunciones, finalmente se comprometió a analizar los casos concretos que STAJ remita y a dictar instrucciones claras para corregir interpretaciones erróneas.
Por otro lado, STAJ volvió a exigir la culminación inmediata de la negociación de la carrera profesional, cuya demora es injustificable. El Ministerio ha convocado una nueva reunión del grupo de trabajo para el próximo 28 de abril, en la que esperamos quede cerrado el diseño del Real Decreto que regulará esta materia con carácter básico.
STAJ continuará defendiendo con firmeza los derechos del personal de Justicia y exigiendo el cumplimiento íntegro del Acuerdo y de las garantías pactadas.
