El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha dictado sentencia en recurso interpuesto en solitario por STAJ contra la Resolución de 12 de mayo de 2025, de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, por la que se aprueba la estructura de la Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia incluidos en la primera fase de implantación, conforme a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que comprende el diseño, dimensión y organización de la Oficina Judicial en los partidos judiciales de Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Castropol, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Piloña, Pravia, Siero, Tineo, Valdés y Villaviciosa.
STAJ recurrió la mencionada Resolución, entre otros motivos porque la Consejería decidió aprobarla sin negociación colectiva, amparándose en que al tratarse de una norma organizativa, no era preciso someterla a negociación con las organizaciones sindicales.
Desde STAJ, en cambio, consideramos que la estructura de la oficina judicial, aunque sea materia organizativa, sí afecta de forma directa a las condiciones de trabajo del personal afectado y por ello debe ser negociado con los representantes de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia ha estimado esta pretensión y ha declarado la nulidad de la Resolución, por ser contraria a derecho.
La sentencia que aún no es firme, supone un importante varapalo a la implantación de la Oficina Judicial asociada a los Tribunales de Instancia, aunque no todos los Tribunales opinan igual y habrá que esperar a ver cómo evoluciona el tema
Por supuesto tenemos más recursos en marcha en diversos territorios y sobre distintos temas.
Es fácil criticar a los demás con el único fin de lograr réditos electorales, STAJ actúa y se moviliza aunque lógicamente todo tiene sus tiempos y se necesita la maxima unidad contra los atropellos constantes de la Administración y los “ejecutores” de la puesta en marcha de los tribunales de instancia y la oficina judicial, y tiene compromisos firmados sobre Carrera Profesional, Teletrabajo, Supresión del Grupo IV (OJM) que supone un incremento salarial y otras que correrán la misma suerte en cuanto se constate voluntad de incumplimiento.
