Lo que se anuncia para una fecha
no ocurre y lo que no se comunica acaba pasando. Mientras tanto, los
trabajadores se enteran de los cambios por comentarios, mensajes sueltos o el
ya habitual “me han dicho que…”, generando un auténtico teléfono roto que solo
añade incertidumbre. Y todo ello cuando lo más lógico, sencillo y obligatorio
hubiera sido informar con claridad y antelación, para poder aportar, advertir
de los problemas y trasladar correctamente la información. Pero no, una vez
más, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Es cierto que este nuevo modelo otorga a los LAJS una mayor capacidad de organización y movilidad del personal, siempre dentro de los límites de una RPT ya de por sí muy limitada en la Comunidad Valenciana. El problema es que ese margen organizativo no puede servir de excusa para pasar por encima de las condiciones de trabajo. La movilidad, la reorganización de espacios, los cambios de puestos o la redistribución de cargas no pueden hacerse como si estuviéramos moviendo muebles. Hablamos de personas y de derechos protegidos por la normativa de prevención de riesgos laborales.
La ley obliga a garantizar la
seguridad y la salud del personal, a evaluar los riesgos cuando se modifican
espacios, puestos u organización, y a contar con los representantes de los
trabajadores en decisiones que afecten a las condiciones laborales. Aquí no
vale el “donde caben seis, caben diez”. No cuando están en juego el espacio, la
ventilación, la ergonomía, la carga mental o la salud laboral. Aunque una RPT
permita movilidad, la prevención de riesgos laborales también manda, y ya se ha
tenido que dar traslado al servicio de prevención por incumplimientos en
algunos partidos judiciales.
Porque actuar así solo sirve para
deteriorar aún más un servicio que ya venía muy tocado. La Justicia no puede
sostenerse apretando siempre a los mismos, metiendo más gente donde no cabe y
repartiendo más trabajo sin medios. Eso no es organizar. Es improvisar.
Desde STAJ lo decimos claro: no vamos a normalizar situaciones de
hacinamiento, falta de espacio, malas condiciones ambientales ni incrementos
desproporcionados de carga de trabajo. Animamos a los compañeros y compañeras a
trasladarnos cualquier situación que se esté produciendo en sus centros, porque
no se trata de quejarse por quejarse, sino de defender derechos básicos y
exigir que los cambios se hagan con garantías, información y respeto al
personal.
