Desde STAJ hemos reiterado ante la Dirección General de Justicia la necesidad urgente de adoptar medidas de seguridad para el personal destinado en las Oficinas de Justicia de los municipios (antiguos Juzgados de Paz), una reivindicación del sindicato que sigue sin recibir una respuesta adecuada.
Los recientes incidentes
ocurridos en oficinas como las de Oliva o Santa Pola han vuelto a
poner de manifiesto la situación de vulnerabilidad en la que trabajan muchos
compañeros y compañeras, especialmente en aquellas oficinas ubicadas en locales
aislados, alejados de ayuntamientos, dependencias policiales u otros servicios
públicos.
Mientras que en otras sedes
judiciales existen controles de acceso y personal de vigilancia, en numerosas
Oficinas de Justicia de los municipios los ciudadanos acceden directamente a
las dependencias sin ningún tipo de control, exponiendo al personal a situaciones
de tensión, amenazas y agresiones verbales, e incluso a episodios que han
afectado a los propios medios materiales de las oficinas.
Por ello, STAJ exige:
- La adopción de medidas de seguridad adecuadas en
todas las oficinas que presenten riesgos, incluyendo sistemas de aviso,
pulsadores de emergencia, videovigilancia protección y control de acceso y
comunicación directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
- La evaluación específica de los riesgos existentes
en estos centros de trabajo.
- El reconocimiento y abono del complemento de penosidad para todo el personal destinado en las Oficinas de Justicia del municipio, dada la especial exposición a situaciones de riesgo y las condiciones en las que desempeñan su trabajo.
La Dirección General de Justicia debe actuar antes de que se produzcan incidentes todavía más graves. No basta con reaccionar después de una agresión. Es imprescindible prevenir, proteger y poner a disposición del personal los medios necesarios para desempeñar su trabajo con seguridad y dignidad.
Por todo ello, STAJ reclama una
respuesta inmediata de la Dirección General de Justicia a unas reivindicaciones que siguen pendientes desde hace demasiado tiempo.
La seguridad y la salud
laboral son derechos, no privilegios.
