Lo que se anuncia para una fecha
no ocurre y lo que no se comunica acaba pasando. Mientras tanto, los
trabajadores se enteran de los cambios por comentarios, mensajes sueltos o el
ya habitual “me han dicho que…”, generando un auténtico teléfono roto que solo
añade incertidumbre. Y todo ello cuando lo más lógico, sencillo y obligatorio
hubiera sido informar con claridad y antelación, para poder aportar, advertir
de los problemas y trasladar correctamente la información. Pero no, una vez
más, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Es cierto que este nuevo modelo otorga a los LAJS una mayor capacidad de organización y movilidad del personal, siempre dentro de los límites de una RPT ya de por sí muy limitada en la Comunidad Valenciana. El problema es que ese margen organizativo no puede servir de excusa para pasar por encima de las condiciones de trabajo. La movilidad, la reorganización de espacios, los cambios de puestos o la redistribución de cargas no pueden hacerse como si estuviéramos moviendo muebles. Hablamos de personas y de derechos protegidos por la normativa de prevención de riesgos laborales.
