El Grupo Popular muestra disposición al diálogo con otras fuerzas políticas para dar solución definitiva al Registro Civil, con mantenimiento de estructura y demarcación actuales, dentro de la Administración de Justicia.
En estos momentos los únicos funcionarios que pueden dar continuidad al Registro civil más allá del 1 de julio de este año son los funcionarios de Justicia. Por este motivo, deben producirse ya los cambios necesarios en la ley y/o no aprobarse una nueva “vacatio legis”
En este sentido, los cuatro sindicatos hemos vuelto a defender sin fisuras el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia, con su demarcación actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, servido exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados. Asimismo, hemos trasladado a la portavoz popular la opinión del Ministro de Justicia que coincide básicamente con este planteamiento.
Los sindicatos, de forma unánime hemos traslado a la portavoz popular nuestro malestar por la actitud del resto de Grupos parlamentarios en su negativa a tramitar una ley a la que podrían haber presentado cuantas enmiendas hubieran considerado oportunas.
En segundo lugar, le hemos pedido que su grupo no obstaculice la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Unidos Podemos. Una propuesta que coincide con el modelo defendido por las cuatro organizaciones sindicales recuperando funciones que se han ido perdiendo por el camino y que comparte el modelo organizativo que ha defendido el Ministro de Justicia en la reunión del pasado 28 de febrero y que se contemplaba en la proposición de ley que promovió el propio Grupo parlamentario popular.
La Portavoz parlamentaria popular nos ha mostrado su plena disposición a encontrar puntos de encuentro de manera que se facilite la toma en consideración de la propuesta del Grupo Unidos Podemos, -cuyo trámite está a la espera, únicamente, de que dicho Grupo lo solicite a la Mesa del Congreso-. Así mismo, ha tomado nota de nuestras peticiones, señalando no obstante el escaso plazo que resta hasta la entrada en vigor el 30 de junio de la Ley 20/2011, por lo que es posible que sea precisa la solución propuesta por algunos de una nueva vacatio legis, pero sin dejar de tramitar la reforma de la Ley, algo que consideramos prioritario para acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pesa sobre los casi 5.000 funcionarios que tienen funciones de Registro Civil y cuyos puestos de trabajo desaparecerían con el nuevo modelo de Oficinas Generales fuera de Justicia.
PD: La presente nota informativa ha sido elaborada en conjunto por los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO y UGT.
