Ambas proposiciones buscaban el mantenimiento del Registro Civil como un servicio público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación territorial actual, manteniendo las actuales oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz, si bien la propuesta de Podemos es mucho más extensa y, entre otras muchas cosas, intenta recuperar algunas de las competencias que hasta ahora eran propias de Registro Civil y que el Ministerio de Justicia ha ido externalizando en los últimos años (como los expedientes de nacionalidad por residencia, o la posibilidad de tramitación de los expedientes matrimoniales y celebración de bodas civiles ante Notario). De ahí, precisamente, que no entendamos que este Grupo Político rechazara que se tramitara la proposición del Grupo Popular, pues podía haber presentado su propio texto como enmienda a la totalidad.
STAJ continúa manteniendo contactos con Ministerio de Justicia y con los Grupos políticos para desbloquear la situación. Hemos instado la búsqueda de consensos, y nos consta que se está trabajando en ello. El problema es el escasísimo tiempo que queda. Por ello, lo más probable será una nueva prórroga de la entrada en vigor de la Ley de 2011, pero STAJ ha exigido que aunque se produzca esa prórroga, la tramitación de la reforma de la Ley debe seguir su curso, pues en otro caso no se estará sino continuando la situación de incertidumbre en la que más de 5.000 funcionarios y funcionarias de Justicia, destinados en Juzgados con competencias de Registro civil, mantienen desde hace años.
Por otro lado, nos alegra que por fin haya colectivos que se hayan dado cuenta de la situación y ahora alcen su voz contra la ley de 2011. Nunca es tarde, aunque nosotros lo hemos venido advirtiendo desde que se tramitaba aquella ley, pues, como venimos diciendo desde entonces, con la Ley 20/2011, desaparece el Registro Civil tal como lo conocemos creándose unas cuantas pocas oficinas de Registro Civil al antojo de cada Comunidad Autónoma, quedando fuera de la Administración de Justicia, perdiendo sus destinos los funcionarios que ahora ocupan puestos de Registro Civil, reordenándose a otros puestos (los funcionarios de carrera) o directamente cesados (los funcionarios interinos), y poniendo en serio riesgo la continuidad de los Juzgados de Paz al desaparecer una de sus principales funciones. En resumen, el desmantelamiento total de las actuales oficinas de Registro Civil. STAJ lucha para que nada de eso suceda.
