Lo que pretenden crear es un entramado de control con numerosos cargos de libre designación: uno en cada provincia y otro en cada ciudad y que dichos cargos puedan decidir a su libre albedrío sobre el personal de justicia destinado en las oficinas judiciales, sin ningún tipo de criterio ni justificación, moviéndolo a su antojo de un sitio a otro de forma verbal.
Lo hacen combinando dos artículos: con el 521 agrupan en un solo centro de destino todos los puestos de trabajo de cada ciudad y con el 462 le dan poder absoluto al Secretario jefe del centro de destino (un cargo de libre designación), otorgándole la competencia funcional sobre todo el personal (es decir, que nos puede mandar a trabajar en cualquier momento a donde le de la real gana, siempre que sea dentro de la misma ciudad)
Resulta patético y lamentable que partidos políticos tan dispares como psoe, ppe o podemos, se pongan solamente de acuerdo para construir una pirámide de poder político dentro del sistema judicial; un entramado que permitirá alargar los tentáculos del partido de turno hasta el último rincón de la justicia, dejando a todos los juzgados y tribunales a merced de su discrecionalidad o arbitrariedad. De hecho, a través de esta pirámide se podría sustituir a cualquier persona, e incluso a todo el personal de un juzgado de la noche a la mañana, de manera verbal y sin necesidad de ninguna justificación.
Su excusa es que lo hacen para optimizar los recursos, pero se trata de una mera excusa, porque ahora mismo ya existen ágiles sistemas de redistribución para asignar personal a los juzgados que más lo necesiten. De hecho, la administración tiene un gran margen de libertad para gestionar y estructurar, pero siempre respetando la independencia judicial, porque es inadmisible que quien gestiona una causa por corrupción de un partido político pueda ser apartado de su puesto arbitrariamente por unos cargos designados por ese mismo partido. Y esa es una de las situaciones que provocará esta reforma.
Lo que persiguen es una total discrecionalidad en la asignación de puestos y funciones. Una discrecionalidad que deja la puerta abierta a la arbitrariedad, y que necesitamos evitar a toda costa para mantener un sistema judicial libre de intromisiones, con un personal centrado en sus tareas jurídicas y a salvo de cualquier intrusión política.
¡STAJ rechaza tajantemente esta modificación de la LOPJ, que atenta gravemente contra los derechos de los funcionarios de Justicia, y llama a la unidad de todos contra este flagrante ataque a nuestras condiciones laborales!
La reforma está pendiente aún de la aprobación por el Pleno del Congreso, el próximo día 31 de octubre. Se trata de una maniobra en la cual la mayoría de Grupos Políticos han desoído las reclamaciones de todos los funcionarios, y tras meses de negociaciones entre ellos, nada transparentes, en las que a los sindicatos se nos ha ocultado la realidad e incluso mentido descaradamente, como así ha hecho el propio Ministerio de Justicia –que aseguró hace poco que las enmiendas no serían aceptadas-, finalmente en la Comisión de Justicia de hoy 24 de octubre se ha aprobado, con el voto favorable de todos excepto del Grupo Ciudadanos, el grueso de las enmiendas presentadas por el PP a la Proposición de Ley para la modificación de la Ley Orgánica del Poder judicial.
Tristemente, lo único positivo que tenía esta reforma, que era la recuperación plena del permiso de asuntos particulares, se ha visto enturbiado por la aprobación de una modificación legislativa que pone en serio riesgo la movilidad voluntaria y la libre elección de los puestos de trabajo.
Recordemos que esta reforma puede suponer, además de la existencia de un solo centro de destino por municipio, otros retrocesos en nuestros derechos, como:
- Incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias.
- Incertidumbre en la asignación de funciones y tareas.
- Incertidumbre en la determinación de los puestos de trabajo.
- Movilidad funcional dentro del municipio.
- Competencia del Ministerio de Justicia para la imposición de sanciones por faltas tales como la desobediencia a órdenes superiores (en lugar de las CCAA con competencias asumidas)
- Cese de los interinos de refuerzo una vez transcurridos 6 meses, en todo caso, pero sin acordar la creación definitiva de esa plaza si realmente es necesario objetivamente.
- Prohibición de nombrar personal adicional cuando se nombren jueces de refuerzo.
Por desgracia, nuestros representantes políticos, en lugar de invertir en medios materiales adecuados y no la patata que tenemos por nuevas tecnologías, y en medios personales, creando más Juzgados y dotándolos de personal suficiente, manipulan y engañan a la opinión pública vendiendo estas reformas como “optimización, modernización y agilización” de la Justicia.
