Como sabéis, ello supone que la estructura y demarcación actual del Registro Civil tal como la conocemos desaparecerá por completo, pues la Ley de 2011, además de desjudicializarlo, organiza el Registro Civil en unas cuantas Oficinas generales en las Comunidades Autónomas -además de la Oficina Central y las Consulares-, que dependerán de Ministerio y Comunidades Autónomas, pero fuera de la Administración de Justicia.
En consecuencia, todo el personal que actualmente presta servicios en los actuales Registros Civiles Únicos y que no obtenga un puesto de trabajo en las RPTs de las nuevas Oficinas Generales (en virtud de lo previsto en la DT 8ª), será reordenado a otros puestos de trabajo; y en aquellos Juzgados que compatibilicen funciones jurisdiccionales con las de Registro Civil, en los que exista un exceso de plantilla como consecuencia de esta función, se producirá una modificación de la plantilla por desaparición de las plazas adscritas a Registro Civil, lo que provocará, igualmente, una reordenación de los efectivos sobrantes. Por lo que respecta al personal interino, será cesado en cuanto desaparezcan las plazas. (STAJ lo lleva advirtiendo desde antes que se promulgara la Ley. Nadie nos hacía caso y algunos se conformaron. Ahora, todos están alarmados)
STAJ ha vuelto a manifestar al Ministerio nuestra frontal oposición a esta nueva organización del Registro Civil y hemos exigido el mantenimiento de la estructura actual, incluidos los Juzgados de Paz, como un servicio dentro de la Administración de Justicia, así como su consideración como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos.
STAJ va a dirigirse nuevamente a todos los partidos políticos instándoles a que apuesten por el mantenimiento del Registro Civil con su estructura actual. Lamentamos, eso sí, las oportunidades perdidas por inaceptables e incomprensibles luchas políticas, cuando hace un año el Parlamento rechazó tramitar la proposición presentada por el Grupo Popular en la que se mantenía esa estructura. En este sentido, recordemos la actitud absolutamente incoherente del Grupo Unidos Podemos, que rechazó la toma en consideración de la propuesta Popular, cuando ellos mismos tenían presentada otra propuesta que, aunque mucho más ambiciosa, coincidía en lo esencial con la de éstos, pero que en ningún momento instaron siquiera a que fuese tramitada.
