Todo esto aleja de los ciudadanos un servicio que debería ser cercano y asimismo supone la eliminación de numerosos puestos de trabajo.
Tras la oportunidad perdida hace año y medio, cuando la mayoría de partidos políticos impidieron la tramitación y debate de una reforma impulsada desde el Ministerio de Justicia que, a pesar de sus muchas carencias, al menos mantenía el Registro Civil con su demarcación actual y dentro de los Juzgados, el futuro de este servicio tal como actualmente lo conocemos es cada vez más incierto.
A pesar de ello STAJ mantiene su oposición frontal a la Ley de 2011, luchando por el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, y continuamos los contactos con partidos políticos para buscar una solución urgente y definitiva.
