En dicho escrito reclamamos mejoras en nuestras condiciones de trabajo, mantenimiento del Registro Civil, equiparación salarial, desarrollo de las bases de la carrera profesional, etc., e igualmente y ante las intenciones de retomar el proyecto de tribunales de instancia y la unificación de partidos judiciales, nuestra oposición a cualquier proyecto que suponga, directa o indirectamente, pérdida de derechos, movilidad forzosa, o desaparición y desmantelamiento de la Administración de Justicia de los pueblos y ciudades mediante el agrupamiento de partidos judiciales, alejando la justicia de los ciudadanos.
Nuestras reivindicaciones:
Negociación de la carrera profesional, prevista en la LOPJ tras la reforma de diciembre de 2018.
Revisión de las retribuciones básicas, con el objeto de recuperar los niveles de sueldo base, trienios y complemento general de puesto existentes antes de la rebaja generalizada impuesta en 2010.
Extensión de complemento de productividad para todo el personal y no solo para jueces y letrados.
Mejora de las condiciones de acceso mediante promoción interna, con recuperación de la reserva del 50 por ciento de las plazas.
Desarrollo del Acuerdo de 4 de diciembre de 2018, de la Mesa sectorial del personal de la Administración de Justicia, para la mejora del empleo en la Administración de Justicia, iniciado con las ofertas de empleo de 2017 y 2018, y que debe continuar con la oferta de 2019, aún pendiente. Oferta que debe cumplir los requisitos y condiciones previstos en el referido Acuerdo.
Mejora de los concursos de traslado, con obligación de oferta de todas las plazas disponibles.
Estudio de cargas de trabajo con revisión al alza de las plantillas orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo.
Modificación y desarrollo para mejorar la regulación sobre comisiones de servicio y sustituciones.
Solución política definitiva a los problemas de la ausencia de cotizaciones a la Seguridad Social de muchos funcionarios interinos.
Mejora de la formación continua, ampliando la oferta de forma que llegue a todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Solución a los problemas que aún sigue provocando la “Justicia Digital”.
