30 de junio de 2020

El escándalo de los cursos sindicales de formación

Lo ocurrido hoy con la bolsa de interinos pone de nuevo al descubierto las vergüenzas de la Mesa General. Una Mesa General en la que han suspendido el cobro de nuestros aumentos salariales y donde únicamente están presentes los sindicatos generalistas (ccoo, ugt y csif). Asimismo, es a través de esta mesa general donde se deciden los cursos que gestionarán estos sindicatos, y en consecuencia las generosas partidas presupuestarias que se reparten entre ellos (que además es una forma reglada de financiación ya que el 10% va a  parar a gastos de difícil justificación)

Todos sabemos que esos cursos se imparten con dinero público. Pero el acceso no es igual para todos, porque mientras en los impartidos directamente por la Administración, se ofrecen públicamente, los empleados públicos sabemos perfectamente que en los impartidos directamente por los sindicatos, su forma de adjudicacion no es nada clara. La prueba está en que la mayoría del personal no recordará ni la existencia, ni mucho menos la publicidad de los mismos, y por supuesto no conoce los requisitos ni medios de selección.

Pero siendo esto de difícil digestión social, no es lo más grave. Los cursos se supone que son para obtener una puntuación que sirva para acceder a un trabajo interino en la Administración de Justicia, por lo tanto deberían tener como mínimo un ámbito jurídico o las aplicaciones informáticas utilizadas en las oficinas judiciales. En cambio, han incluido cursos totalmente ajenos al ámbito judicial, como los siguientes:

"Fenómenos naturales o antrópicos. Básico de Seguridad Vial. Control y mantenimiento de los recursos, cinegéticos y piscícolas, Otro de lo mismo de recursos naturales. Gestion e Intervención Penitenciaria.  Defensa personal. Curso de capacitación de Jefe de Instituciones Penitenciarias. Auxiliarias en cuidados de Enfermeria TECAE). Habilidades en inteligencia emocional para profesionales de la Salud o  Bandas Latinas en prisión."

De hecho, parece una broma, pero lamentablemente es cierto. Y dichos cursos han sido impartidos bien por la propia Generalitat, bien por los sindicatos integrantes de la Mesa General (ccoo, ugt y csif), que además forman parte de la comisión de formación dependiente de esa Mesa General. Aunque, de los dados por la Administración sólo se incluyen tres, habiéndo dejado fuera muchos cursos que están relacionados con justicia y que han sido realizados por personal interino.

Pues bien, ayer a última hora, y a pocas horas de la publicación de la bolsa producida hoy, recibimos un escueto email de la Dirección General en el que anunciaban que iban a pasar unos listados con los DNI de las personas que soliciten acceder a la bolsa, para que sean dichos sindicatos generalistas quienes acrediten los cursos realizados por cada solicitante. ¡Sí. Suena increible. Pero es cierto y lo podemos demostrar!...Y visto lo visto, nos preguntamos ¿Dónde terminan los tentáculos de la administración y donde empiezan los de dichos sindicatos? ¿Que oscuros intereses o contubernios comparten entre ambos para que esté ocurriendo esto?

Con todo lo más grave, es el corporativismo que se respira. Hubo en su día un compromiso por parte de la Administración de que los cursos a incluir se negociarían, pero ahora nos encontramos con la sorpresa de que nos imponen básicamente los cursos que conceden ciertos sindicatos a quienes creen conveniente, con el dinero de todos, es decir, de la administración, y donde la igualdad de oportunidades brilla por su ausencia. ¿Que interés tendrá la Administración, en que todo esto sea así? ¿Es posible que se estén pagando favores a cambio de otra cosa?. Desde luego, este asunto no huele nada bien.

Desde STAJ, como sindicato independiente y especializado en trabajadores de justicia, nos negamos rotundamente a entrar en este juego. No queremos manejar dinero de cursos. No queremos deber favores a nadie y seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos a exigir la máxima igualdad y profesionalidad posibles en los accesos a puestos de trabajo de Justicia. Por todo ello, exigimos que puntúen todos los cursos que hayan sido impartidos tanto por la Consellería como por cualquier centro educativo o universitario, y no solamente los de algunos sindicatos. Al fin y al cabo, el acceso a un empleo público, aunque sea interino, ha de seguir los mismos cauces señalados por la constitución, que no se parecen en nada a estos.