Ayer se celebró por videoconferencia nueva reunión entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales (STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG Y ELA) en la que el Ministerio presentó a los sindicatos los proyectos que van a ponerse en marcha en los próximos meses, acelerados algunos de ellos como consecuencia del estado de alarma y la necesidad de acometer reformas que supongan una agilización real de la Administración de Justicia y una reducción del volumen de asuntos existentes y el incremento previsto por efecto de la pandemia.
Estos
proyectos se desarrollan en cuatro grandes bloques:
Justicia
digital, reforma procesal para la implantación de medidas de
justicia digital
y
sostenible, Justicia 2030, así como
la
instauración de un modelo de gobernanza y “justicia
orientada al dato”
Se
pretende el pleno desarrollo de la justicia digital , con fuerte
inversión en medios tecnológicos, con implantación de vistas
telemáticas, atención al ciudadano mediante videoconferencia,
acceso de profesionales y ciudadanos a sus expedientes judiciales a
través de portal Web, implantación de la cita previa telefónica,
etc.
También se van a acometer reformas procesales que agilicen los procedimientos judiciales, sobre todo en el orden civil, social y contencioso administrativo, simplificando trámites y permitiendo la realización de algunos de ellos desde cualquier lugar sin necesidad de desplazamiento de los ciudadanos a la sede judicial, potenciando igualmente el “teletrabajo” También se buscará una disminución de la litigiosidad mediante mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que podrán ser obligatorios en determinados supuestos.
También se van a acometer reformas procesales que agilicen los procedimientos judiciales, sobre todo en el orden civil, social y contencioso administrativo, simplificando trámites y permitiendo la realización de algunos de ellos desde cualquier lugar sin necesidad de desplazamiento de los ciudadanos a la sede judicial, potenciando igualmente el “teletrabajo” También se buscará una disminución de la litigiosidad mediante mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que podrán ser obligatorios en determinados supuestos.
En
materia organizativa y programa “Justicia
2030”,
el Ministerio apuesta decididamente por la instauración de los
tribunales de instancia, pero sin desaparición de los actuales
partidos judiciales e instaurando además lo
que denomina “oficinas
municipales de justicia”,
si bien no concreta cuáles
serán sus funciones ni si sustituirán o no a los actuales Juzgados
de Paz
En
palabras del Ministerio, se trata de acercar la justicia al ciudadano y
no de alejarla.
En
materia de “gobernanza”,
el Ministerio quiere mantener la experiencia adquirida durante el
estado de alarma,
de coordinación con las CCAA con competencias, CGPJ y Fiscalía
General de Estado, asegurando que se contará con la participación
de otros colectivos implicados en la Administración de Justicia, así
como con las organizaciones sindicales.
Junto
a ello, el Ministerio apuesta por lo que denomina “Justicia
orientada al dato", de modo que las Administraciones competentes
puedan contar con información suficiente y en tiempo real para poder
tomar las mejores decisiones en materia organizativa, entre otras,
información que también estará disponible para los agentes
sociales.
Desde
STAJ hemos acogido con escepticismo estos proyectos , si bien
celebramos que el Ministerio apueste por la modernización de la
justicia, su digitalización, y por acometer medidas que supongan
agilización de trámites y alivio de la sobrecarga de trabajo que
padecen la inmensa mayoría de órganos judiciales.
En
cuanto a las reformas en materia organizativa, hemos dejado claro que
cualquier reforma en la materia debe partir de la garantía de
respeto a los derechos y retribuciones de los funcionarios, ha de
permitir la diferenciación y especialización de los puestos de
trabajo y la libre elección de los mismos por parte de todo el
personal, es decir, la movilidad voluntaria, exclusivamente, y huir
de cualquier tipo de imposición o limitación en este sentido,
mostrando además nuestra oposición a la desaparición de puestos
delos puestos de trabajo actuales.
En
este sentido, el Ministerio se ha mostrado conforme en buscar el
consenso y establecer un marco de negociación que incluya estos
aspectos.
En
materia de Registro Civil, hemos reiterado nuestra posición de
mantenimiento de la actual estructura y servicio enteramente por
funcionarios de la Administración de Justicia, algo compartido, en
principio, por el Ministerio.
Sobre
la solución extrajudicial de conflictos,desde STAJ reclamamos que no
suponga una suerte de privatización encubierta de la Justicia, algo
que el Ministerio asegura que no se producirá. Al mismo tiempo,
hemos recordado las funciones previstas en la LOPJ para los Cuerpos
de Gestión y Tramitación en materia de mediación, de ahí que
apostemos por la mediación intrajudicial.
Por
lo que respecta a las nuevas tecnologías, desde STAJ hemos exigido la
obligatoriedad de su uso para todos y no solo para los funcionarios,
y en cuanto al teletrabajo, hemos reclamado también que sea la
Administración la que dote de los medios necesarios; todo ello, dentro del marco de una negociación que debe producirse ya y en todo
caso tan pronto desde el Ministerio de Trabajo se establezcan las
pautas generales de aplicación para todos los trabajadores.
Por
lo que respecta a la coordinación con las CCAA, CGPJ y FGE, y la
posible participación de las organizaciones sindicales, hemos
exigido que se garantice esta participación, además de resaltar que
sería un grave error ignorar a los representantes del colectivo más
numeroso que presta sus servicios en
la Administración de Justicia, que son además los mejores y mayores
conocedores de los problemas del día a día de los juzgados y
tribunales, además de constituir un personal altamente cualificado y
con elevados conocimientos procesales, que se demuestran cada día.
Desde
STAJ hemos exigido la plena participación y reconocimiento legal y
retributivo por las numerosas funciones procesales que realizamos de
facto y
las que se avecinan como consecuencia de las nuevas tecnologías y
la pretendida plena digitalización de la Justicia
Por
último, y aunque el Ministerio insista en que no está en sus planes
y que la situación económica es muy comprometida, hemos vuelto a
exigir la equiparación salarial, que acabe con las tremendas
desigualdades existentes . Si se
pretende la implicación del personal en estas reformas que se
avecinan, lo primero que debe hacer el Ministerio es incentivar a los
trabajadores, algo que nunca logrará manteniendo una brecha salarial
que resulta poco menos de vergonzosa.
