Contiene esta última reforma la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil, siempre a cargo de funcionarios públicos.
Esta Proposición de Ley busca mejorar la ley aprobada en 2011 que no llegó a entrar en vigor, ya que ha sufrido aplazamientos de manera sistemática durante 10 años, y la ‘vacatio legis’ de la misma finaliza el 30 del mes que viene.
Los principales aspectos a destacar de la reforma son:
-La nueva Oficina del Registro Civil será una oficina vinculada funcionalmente al Ministerio de Justicia siendo esta Oficina del Registro Civil distinta de la oficina judicial.
-Los encargados del Registro Civil serán los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo.
-Es necesario suprimir en el artículo 445.1 de la LOPJ la posibilidad que contemplaba de que los letrados de la Administración de Justicia que fueran designados encargados del Registro Civil pasaran a la situación administrativa de servicios especiales.
-Se prevé añadir un nuevo artículo 439 bis que recoge que se entiende por oficina del Registro Civil aquella unidad que, sin estar integrada en la oficina judicial, se constituye en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia a través de la dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
-Las Secretarías y las Oficinas judiciales de apoyo directo a los Juzgados de Paz prestarán la colaboración que, en materia de Registro Civil, se determine en la Ley de Registro Civil y su Reglamento de desarrollo.
-Los puestos de trabajo de estas Oficinas de Registro Civil, cuya determinación corresponderá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, será cubiertos con personal de la Administración de Justicia, que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la respectiva relación de puestos de trabajo.
Indica el texto que la reforma legal está dirigida "preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito”. El objetivo es publicarla en el BOE, tras su paso por el senado, a finales del mes de abril.