STAJ, CSIF, CCOO, UGT Y CIG hemos mantenido una reunión en el día de hoy, tras la firma del Acuerdo de la Administración del Estado con el comité de huelga de LAJ visto el estado de paralización de la negociación en la Mesa Sectorial de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
En dicha reunión hemos adoptado los siguientes acuerdos:
1.- Remitir escrito emplazando a que el Ministerio de Justicia, en la reunión de la Mesa convocada para mañana, 30 de marzo, a las 16,00 horas:
Presente una propuesta de incremento retributivo para todo el personal de la Administración de Justicia en la línea marcada por el Acuerdo suscrito con el comité de huelga de LAJ, iniciándose las negociaciones de las cuantías y conceptos de dichos incrementos retributivos y reconociendo, además, las funciones reales que se realizan en todos y cada uno de los puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia de todos los Cuerpos.
Garantice la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales para la modificación del texto que se está debatiendo en las Cortes Generales.
2.- Advertir al Ministerio de Justicia que, en el caso de no accederse a esta solicitud, las organizaciones sindicales firmantes de este escrito procederemos a la convocatoria inmediata de contundentes movilizaciones en la Administración de Justicia.
3.- Acordar y publicar tras la reunión de la Mesa Sectorial de mañana, 30 de marzo, que se celebrará a las 16,00 horas, y para el caso de que el Ministerio Justicia no acepte nuestras exigencias, el calendario y contenido de las movilizaciones, que comenzarán en los días posteriores a la semana santa con manifestaciones y convocatoria de huelga en la Administración de Justicia de todo el territorio nacional.
4.- Poner en conocimiento de los grupos políticos del Congreso las reivindicaciones de nuestro colectivo mediante la solicitud de reuniones con sus portavoces para reclamarles su posicionamiento en favor de la defensa de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia.
