Los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia mantenemos el conflicto con el Ministerio de Justicia. Reclamamos el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que efectivamente se desempeñan.
El gobierno está acometiendo “la mayor reforma de la Administración de Justicia en décadas”, en palabras del actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, que es la entrada en vigor de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta reforma viene financiada con los fondos europeos Next Generation UE.
El pasado año 2023, los integrantes de la Oficina Judicial de la Administración de Justicia, a saber, jueces, fiscales, LAJs, Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia mantuvimos un conflicto con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, entonces presidido por Pilar Llop, solucionó el conflicto con los colectivos de jueces, fiscales y LAJs, obviando y dejando pendiente el de los cuerpos generales y especiales -45.000 trabajadores- a pesar de la convocatoria de una huelga general que duró casi cuatro meses y que se tuvo que desconvocar debido a la celebración de elecciones generales en el mes de julio. Las principales reivindicaciones de la plataforma sindical formada por los sindicatos más representativos del sector, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, eran y siguen siendo las mismas, un incremento del Complemento General del Puesto, un complemento común para los 45.000 trabajadores de todo el Estado y el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan.
En enero de este año 2024, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que salió de las urnas, Félix Bolaños, prometió en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una solución al conflicto diciendo que “vamos a retomar las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia”, sin embargo, en el mes de abril el ministro incumpliendo su promesa firmó con dos sindicatos de la plataforma sindical CSIF y UGT que representan menos del 40 por ciento del colectivo, un Acuerdo al margen de la reivindicación principal y por la que fuimos a la huelga, de incremento del complemento general del puesto que significaba una subida para los 45.000 trabajadores, y en su lugar se firmó un Acuerdo de subida retributiva en el complemento específico que significaba una subida solo para un solo ámbito, el ámbito ministerial, unos 12.000 funcionarios. En definitiva, el ministerio de justicia con la complicidad de una minoría sindical hizo trampa, abandonando y dejando sin subida salarial a las dos terceras partes de los funcionarios que pertenecen al resto de CCAA con competencia en materia de Justicia, dándole la única opción de que debían de entenderse con sus respectivas CCAA.
Para el ministerio de Justicia la firma con estos dos sindicatos significa el cierre del conflicto, no obstante, para STAJ el conflicto continúa abierto porque permanecen inalterables las reivindicaciones por la que fuimos a la huelga en abril de 2023 y por las que nos están detrayendo nuestro salario, esto es, un incremento del complemento general del puesto y el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realizamos.
Por otra parte, y por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde STAJ, desde 2022, también estamos exigiendo a la Consejería de Justicia la revisión de los complementos autonómicos, motivado fundamentalmente por dos causas, primera, porque Andalucía, junto con la Comunidad de Canarias, tiene la tasa de litigiosidad, año tras año más alta de toda España, es decir, el personal de Justicia destinado en Andalucía está soportando este año 2024 y también los anteriores, el mayor número de asuntos ingresados por cada 1000 habitantes y, segundo, por la implantación y desarrollo del programa de gestión @driano que requiere un esfuerzo de adaptación y formación extraordinario. Además, pedimos a la Consejería la devolución de los recortes salariales de 2013 y 2014, puesto somos la única Comunidad autónoma de todo el Estado que aún no ha devuelto a su personal de Justicia aquellos recortes, 12 años después.
Por este motivo, STAJ y otros sindicatos de Justicia de Andalucía en unidad de acción hemos solicitado al Consejero una reunión urgente para abordar la situación de discriminación salarial que sufrimos el personal de Justicia de Andalucía. La Consejería no puede seguir ignorando que en otras comunidades autónomas se estén alcanzando acuerdos, el más reciente en Cantabria, que no solo relegan a Andalucía a los últimos puestos en cuanto a retribuciones, sino que además amplían de forma alarmante la brecha salarial con respecto a esos territorios.
