No obstante, somos conscientes, que desde la implantación se ha realizado algunas actualizaciones del nuevo programa que han mejorado algunas funcionalidades del mismo, pero los compañeros que están "sufriendo" su implantación siguen reclamando algunas cuestiones: En concreto, la falta de MODELOS adecuados y el LENTO funcionamiento del mismo, que hace, que el ritmo de trabajo no sea el esperado y por tanto una menor eficiencia de su trabajo.
Además, recientemente, se ha ampliado su implantación en la JURISDICCIÓN PENAL, en concreto en la Ciudad de la Justicia de Elche (Instrucciones, Penales y VSM), una materia especialmente "sensible" por los temas tan delicados que se tramitan en los mismos. En concreto nos han expuesto los siguientes problemas con los que se han encontrado: Falta de modelos o inexistencia de los mismos, lentitud en el funcionamiento del nuevo programa, el impacto que genera esta situación ante las jornadas de guardia o cuando tienen detenidos, actualización de la aplicación informática en una franja horaria que genera múltiples inconvenientes a los que prestan el servicio de guardia.
Por todo ello, hemos vuelto a solicitar y exigir a la DGJ lo siguiente:
1) Se hagan las gestiones oportunas con la empresa que ha realizado dicho programa informático, para que se dote de los formadores correspondientes para que puedan asistir en la resolución de dudas y problemas de funcionamiento, así como, recoger “insitu” todas las incidencias generadas.
2) Se de prioridad a la jurisdicción penal para la resolución de los problemas, dada la materia tan sensible de la que se trata.
3 Se cree de manera URGENTE una comisión de trabajo para analizar los MODELOS existente y la necesidad de realizar nuevos modelos (proponemos que en esta comisión se integren también funcionarios de Justicia con amplia experiencia)
4) Se mejore de los problemas que hacen que funcionen de manera lenta el programa, dando traslado al departamento de informática de la GVA.
5) Se pueda ampliar la plantilla que le tocaría hacer la guardia, en los funcionarios necesarios, conforme al criterio del responsable funcional del órgano judicial, mientras dure esta situación.
