Esta demora no solo produce un prejuicio económico sino también una clara desmotivación y un mal funcionamiento de los servicios públicos. Esto se traduce en inseguridad jurídica debido a los repentinos cambios de actuación en nuestro ámbito laboral.
Es por ello por lo que ante la persistente actuación del Ministerio nos volvemos a dirigir al Defensor del Pueblo a fin de solicitar el amparo de la misma , solicitando el amparo del mismo, su colaboración e intercesión ante la Secretaria del Estado de Justicia para reconducir esta lamentable situación.
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