6 de febrero de 2026

Juzgados de paz: petición de teletrabajo, mayor seguridad , penosidad y flota de vehículos

 

Desde STAJ hemos solicitado a la DGJ que en las Oficinas de Justicia de los Municipios (antiguos Juzgados de paz) que se conceda una serie de condiciones que hoy día no existen.

De un lado, se solicita que se proceda a la regulación de  teletrabajo, pese a tratarse de una justicia de proximidad, en las Oficinas de Justicia de los Municipios han sido considerados como justicia de proximidad al ciudadano, lo cierto es que las funciones actualmente desempeñadas, especialmente en materia de Registro Civil, no requieren atención presencial continua, siendo perfectamente compatibles con fórmulas de trabajo no presencial sin merma alguna del servicio público.

En segundo lugar, en los Juzgados de Paz realiza actos de comunicación y notificación, funciones equiparables a las que se desarrollan en el Servicio Común de Actos de Comunicación, donde dichas tareas tienen reconocido el complemento de penosidad. Sin embargo, este concepto retributivo no se reconoce al personal de los Juzgados de Paz, pese a que las funciones de notificación conllevan una peligrosidad inherente, derivada del contacto directo con la ciudadanía, la exposición a situaciones conflictivas y el acceso a domicilios particulares, en condiciones análogas a las del personal que sí percibe dicho complemento. Por ello se solicita tanto el reconocimiento de este complemento.

Relacionado con los actos de comunicación, se ha solicitado también la creación de una flota de vehículos para poder acceder a aquellos lugares donde el auxilio judicial no puede acceder.

Y por último, otra de las peticiones realizadas es que se dote a los Juzgados de Paz de medidas de seguridad adecuadas, en términos análogos a las existentes en las sedes judiciales de cabeza de partido, incluyendo presencia o sistemas de seguridad que garanticen la integridad física del personal, teniendo en cuenta que, pese a su carácter de justicia de proximidad, estos órganos se encuentran especialmente desamparados ante posibles situaciones violentas o peligrosas, como puede ser la comunicación en sede judicial de resoluciones que ordenan el ingreso en prisión, noticias que en numerosas ocasiones no son bien recibidas por los ciudadanos afectados, o la realización de videoconferencias donde pueden surgir incidencias.