Tras el ninguneo constante de la DGJ y sin quedarnos otra vía para proteger a los trabajadores, hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo a la administración por no cumplir con la legalidad sobre el acceso a sedes judiciales que debe ser obligatorio con cita previa.
En plena pandemia, situación crítica sanitaria sin precedentes, nuestra administración tenia una oportunidad única para apostar por sus trabajadores, ofrecer los medios que fuesen necesarios y garantizar un servicio para funcionarios, profesionales y administrados que no comprometiese la salud de ninguno de ellos. En todas las administraciones públicas se limita la atención al público a la cita previa, absolutamente en todas, sea servicio esencial o no.
No es un capricho de los trabajadores, es una necesidad para asegurar el bienestar de todos, hoy por hoy ya no vale el acercarse a mostrador para "ver como va lo mio", ni el pedir a tres familiares que te acompañen al juicio en que solo tú estás citado, y parece que a nuestra administración le cuesta entender que estos comportamientos no pueden permitirse en plena pandemia.
La Dirección General y el Tribunal Superior de Justicia ya se escudaron meses atrás en la mejora de la situación inicial, y en la falta de regulación, pero se les olvidó que esta pandemia es cambiante, que los contagios vienen por oleadas, y que en cada embestida nuestros organos sufren más con bajas de personal contagiado y contactos estrechos aislados.
En septiembre se les impuso por ley que dictaran las directrices necesarias para que pudiésemos acogernos a ellas e instaurar la cita previa, y no han hecho absolutamente nada. Lo hemos planteado en las mesas, hemos presentado a iniciativa del STAJ y en unidad sindical con el resto de sindicatos escritos y reclamaciones a la Dirección General, al TSJ y al Juez decano, y en ninguna de las respuestas o reuniones se han comprometido a cumplir con la ley. Están jugando con la salud de todos sin ningún miramiento y ya no debemos tolerarlo más.
Nos encontramos muy cerca de un nuevo confinamiento, no nos reunimos con amigos ni familiares, pero cualquier persona puede entrar en las sedes y pasearse por ellas sin acreditar nada.
La denuncia ante la Inspección de Trabajo se la llevan mas que justificadamente y se la han ganado a pulso, nuestra administración nos ha dejado desamparados y en defensa de todos los trabajadores no lo vamos a tolerar.
