Ante la situación excepcional actual, con el número de contagios y fallecimientos por covid-19 empeorando con el paso de los días a un ritmo alarmante, desde el STAJ venimos a denunciar esta preocupante situación ante la Consellería de Justicia y Adminitració Pública, apremiando a la necesidad de que adopte medidas.
No tiene sentido mantener un umbral de teletrabajo que ahora mismo es del 30%, siendo totalmente insuficiente en estos momentos para limitar el riesgo de contagio entre los empleados públicos. Conscientes de que la administración sí va a adoptar una ampliación del teletrabajo para parte de su funcionariado, excluyendo sin ninguna explicación razonable al colectivo de Justicia, hemos solicitado expresamente la revisión de la resolución de fecha 27 de noviembre de 2020, de modo que el porcentaje de trabajadores en modalidad no presencial aumente también para nosotros hasta la mitad en cada plantilla en todos los centros de nuestra comunidad, pudiendo llegar a la totalidad de la misma en aquellos municipios que actualmente se encuentran cerrados perimetralmente, mientras perdure dicha circunstancia. Junto con un aumento del teletrabajo, y para aquellos empleados que no tengan acceso a los medios necesarios para efectuarlo (considerando que son los funcionarios quienes han de aportarlos y no la administración la que los costea) la adopción de nuevo de la posibilidad de acudir a los juzgados en turno de tarde para aquellos interesados que voluntariamente quieran acogerse a él.
El estado cambiante y evolutivo de la pandemia y los últimos datos evidencia que deben acogerse las medidas que planteamos a la mayor brevedad, pues la pasividad de la administración nos deja desamparados, generando riesgos innecesarios contra la salud de nuestros trabajadores. La disminución del número de personas en habitáculos cerrados, gran parte de ellos sin ventilación (como ocurre habitualmente en los juzgados de los municipios ubicados en bajos de edificios cerrados) es la única opción para que nuestra administración no se convierta en foco, y sea parte del problema que agrande esta preocupante crisis sanitaria. Insistimos en que debe revisarse la regulación sobre no presencialidad laboral de manera periódica atendiendo a la evolución de la misma. Con ello se pretende evitar a toda costa una nueva paralización de la justicia que nos perjudicaría a todos, funcionarios, administración y administrados. Existen mecanismos y planes de actuación que nos permitirán superar esta pandemia sobrellevándola de la mejor manera posible, y en esta administración ofrecemos día a día un servicio público imprescindible que debe protegerse, apliquemos toda prevención que lo respalde en beneficio de todos. Instamos a la administración a que abandone la inactividad y aplique toda prevención posible ante esta alarmante situación.
