La Consellería dice ahora que ya no dejará concursar de un juzgado a otro dentro de una ciudad y que las plazas que ofrezcan serán a mero título informativo. El resultado no puede ser más salvaje: solo se podrá concursar de las upads a un servicio común o viceversa ¿Eso significa que si se jubila alguien que esté haciendo guardias, nadie podrá optar a su plaza? ¿Y que pasará con esas plazas que se vayan quedando vacantes? ¿Pensarán adjudicarlas a dedo?
Por lo visto, quieren llevar hasta las últimas consecuencias su postura de no adscribirnos a ningún puesto de trabajo concreto y asignarnos solamente un centro de destino. Según interpretan ellos, si tu puesto es el centro de destino y todos los juzgados de una ciudad son el mismo centro de destino ¿Cómo vas a poder concursar a tu mismo puesto? Pero esa interpretación es totalmente incorrecta con la Ley Orgánica en la mano.
"El problema surge otra vez de su interesada confusión entre puesto de trabajo y centro de destino. Dos cosas radicalmente distintas"
pero que ellos siguen empeñados en confundir para recortar nuestros derechos y movernos de un juzgado a otro como les dé la gana.
Con el sistema actual todos teníamos un puesto de trabajo (el juzgado donde estamos destinados) y un centro de destino (el conjunto de juzgados de un ámbito jurisdiccional) Así lo establecía el artículo 51 del Real Decreto 249/96, y eso no ha significado ningún problema para que podamos concursar de un juzgado a otro hasta ahora.
La normativa que regula la NOJ no es tan diferente en ese sentido a la anterior. De hecho, también establece que debemos tener un puesto de trabajo (una UPAD o una Sección de Servicio Común) y un centro de destino (el conjunto de upads de una localidad o cada servicio común) Lo que estamos afirmando es de una evidencia aplastante a la vista de los artículos 436, 437, 495 y 521 de la Ley Orgánica
También es cierto que la nueva normativa concede una mayor flexibilidad a la administración para reestructurar o reorganizar las diferentes unidades, pero en ningún caso a costa de dejarnos a todos sin un puesto de trabajo como pretenden. Ya que la misma Ley Orgánica establece las diferentes formas en que pueden movernos de un sitio a otro, que son siempre regladas, transparentes y públicas, pero nunca opacas o discrecionales como las que anuncian.
Por otro lado, intentan aprovechar el revuelo de la fase de acoplamiento para arrimar el ascua a su brasero. Pero no lo tienen tan fácil, porque el cambio de los actuales juzgados a upads y servicios comunes está regulado por unas normas que tienen que cumplir, y si bien es cierto que se suprime nuestro sistema de plantillas, también lo es que debe ser sustituido por uno de relaciones de puestos de trabajo con sus debidas garantías.
Así lo vemos desde STAJ y así se lo hemos hecho saber a la administración, advirtiéndole de que recurriremos cualquier resolución o acto administrativo que dicte si no cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento. Lamentablemente, la negociación se ha dedicado a debatir un documento informal sobre reparto de plazas; un documento que no sirve para nada porque se niegan a incluirlo en los que serán publicados ¿De que nos sirve entonces hablar de ese hipotético reparto de plazas, si lo que se va a publicar es otra cosa? Es una pena que hayamos sido el único sindicato que defienda en la mesa lo que estamos diciendo.
Que podamos optar a un tipo de juzgado es algo que nos beneficia tanto a nosotros como a la administración. A nosotros porque nos da la libertad de elegir y a ellos porque mantienen a un personal motivado y especializado en ámbitos concretos. Esperemos que al final impere el sentido común y rectifiquen su postura. Por nuestra parte preferimos el diálogo y la búsqueda de soluciones asumibles por ambas partes. Solo utilizaremos la vía contenciosa si no nos dejan más opción; en ese caso, los responsables del desastre que se pueda montar si un tribunal invalida sus actos, serán ellos y solamente ellos, por su reiterada negativa al diálogo y al consenso.
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