28 de abril de 2020

Crecen las críticas contra la inminente reforma expres de la Justicia

El Ministerio de Justicia pretende acallar cualquier posible cuestionamiento de sus decisiones y utiliza para ello dudosas estrategias. Una actitud que está siendo duramente criticada tanto por quienes representamos al grueso del personal de justicia, como por las diferentes Asociaciones Profesionales y los principales partidos de la oposición.

Abogados y Procuradores ya han puesto el grito en el cielo y se oponen rotundamente a la habilitación de parte del mes de Agosto, porque eso supone dejarles prácticamente sin vacaciones. Sobre todo en los despachos pequeños donde no existe la posibilidad de organizar turnos.

Desde este sindicato denunciamos hace días el lamentable simulacro de negociación protagonizado por dicho Ministerio al reunirnos en una breve videoconferencia, sin concretar los detalles del proyecto ni entregarnos un mísero borrador, simplemente para anunciar que las decisiones estaban tomadas y no nos quedaba otra que asumirlas. Una reunión cuyo único fin era aparentar ante la opinión pública que contaba con el apoyo de los sindicatos, lo que es totalmente falso.

Asimismo, varias Asociaciones de Jueces y de Letrados de Justicia han mostrado públicamente su malestar con el Ministro por haberles ocultado el contenido del Real Decreto y niegan que haya sido consensuado con ellas.

Por su parte, el principal partido de la oposición ha manifestado que no piensa dar su apoyo en el Congreso para la convalidación del Real Decreto, por considerar que la vía de la "urgente necesidad" no es la adecuada para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No concretan las medidas que más nos afectan


Anuncian medidas de movilidad forzosa, turnos de mañana y tarde, reformas procesales y otros cambios que hemos conocido a través del Borrador del Decreto filtrado a la prensa y del que no se nos ha dado traslado a los sindicatos.

Pero siguen sin definirse las cuestiones que más nos pueden afectar: cómo serán dichos turnos de mañana y tarde, que protocolos se van a adoptar para proteger a quienes realizan diligencias en domicilios, cómo se va a gestionar el día a día en las sedes judiciales o cómo se garantizará la seguridad en las ellas si tenemos a varios turnos entrando y saliendo diariamente.

Gran parte de estos temas tendrán que detallarse por la Consellería de Justicia, quien al parecer se reunió ayer con algún sindicato generalista, aunque no nos ha convocado a quienes representamos a gran parte de los funcionarios judiciales de la Comunidad. Por otro lado, dicha Consellería sigue sin dar señales de vida respecto a estas importantes cuestiones, a pesar del aviso de su inminente implantación.

Postura de STAJ ante estas medidas


Nuestra postura desde el principio ha consistido en proponer una desescalada progresiva y gradual, en la que se priorice ante todo la seguridad, tanto a nivel de EPIs o mamparas como de extremar la limpieza. Unas medidas que hemos reclamado insistentemente por escrito y que ahora se tendrán que incrementar como consecuencia de la mayor afluencia de gente que inevitablemente se producirá.

Los funcionarios de justicia queremos trabajar y prestar ese servicio que es nuestra razón de ser. Lo hemos demostrado reiteradamente y lo volveremos a demostrar las veces que haga falta, como ya dijimos hace días en nuestro Mensaje de los funcionarios judiciales a nuestros responsables políticos

Asimismo, desde STAJ ya les hemos advertido de que El Real Decreto Ley que quieren aprobar conlleva la modificación de varios preceptos de la LOPJ, una norma de rango superior, para lo cual se necesitaría una mayoría absoluta del Congreso previo preceptivo debate en el mismo.

Lo que no puede un decreto ley es afectar ni a las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos y deberes del Título Primero de la Constitución, ni a las comunidades autónomas o al Derecho Electoral General, por lo que para aprobar cualquier medida de este tipo se debe convalidar en el Congreso en el plazo de 30 días.

El verdadero problema es que se trata de medidas urgentes de aplicación inmediata, y aunque se establezcan a través de formas o métodos inadecuados como estamos denunciando, pueden imponerlas desde ya mismo con la excusa de la emergencia y al margen de nuestro legítimo derecho a emprender acciones legales contra las mismas.

Unas acciones legales que ya se están estudiando por nuestro gabinete jurídico, pero que dificilmente conseguirían efectos suspensivos, por lo que, aún otorgándonos finalmente la razón, sería dentro de muchos meses, una vez pasada la crisis y amortizadas dichas medidas. El Ministerio lo sabe, y quizá sea ese el motivo de su más que censurable actitud.


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