De momento no se ha publicado todavía ninguna propuesta concreta, pero todo apunta a que los posibles cambios vayan a peor, máxime después de la grave crisis provocada por el COVID-19, que amenaza con duplicar el déficit estructural de la Seguridad Social hasta situarlo en cerca de 40.000 millones de euros en 2020.
Como posibles medidas para atajar el déficit creciente del sistema, se barajan las siguientes: una mayor penalización de la jubilación anticipada, el alargamiento del periodo de cómputo para calcular la pensión, el aumento de la edad de jubilación (de momento está previsto que se prorrogue hasta los 67 años de forma progresiva hasta el año 2027, aunque ya hay rumores de que se puede aumentar antes de dicha fecha) o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones.
Estas duras medidas son totalmente inaceptables para nuestro colectivo, con muchas personas que llevan más de 30 años cotizando para su jubilación y pagando religiosamente hasta el último céntimo de sus impuestos, para verse ahora, al final de su vida laboral, con una total incertidumbre respecto a cuándo podrán jubilarse o cuál será su pensión, por lo que desde STAJ vamos a defender hasta sus últimas consecuencias nuestros derechos respecto a la edad de jubilación y al importe de las pensiones.
Las condiciones impuestas por Europa
El problema para las pensiones se ha precipitado a consecuencia de los 140.000 millones en ayudas europeas que estamos pendientes de recibir. Si el gobierno presenta en el próximo presupuesto para 2021 un programa creíble, con recortes políticos y en otros gastos, las pensiones podrían verse poco afectadas, pero en caso contrario la Comunidad Europea podría imponernos recortes mucho más severos para acceder a esas ayudas y uno de ellos podría ser en las jubilaciones.
El Banco de España, por su parte, acaba de publicar un polémico informe en el que desliza la necesidad de recortar las pensiones para mejorar su sostenibilidad, argumentando que por cada euro aportado por cada cotizante, éste obtiene 1,74 euros de pensión. Sin embargo, obvia que si bien hay cotizantes que reciben más de lo que han aportado, también hay otros que reciben mucho menos o no reciben casi nada si su vida no se prolonga en base a las expectativas.
Los poderes económicos y políticos llevan años lanzándonos dudosos e interesados mantras a través de sus medios de comunicación. Éstos no cesan de repetir una y otra vez las mismas consignas: "El actual sistema es insostenible" "Hay que trabajar más años y cobrar menos" "La economía no da para tanto"... Pero, mientras tanto, ellos no tienen ningún reparo en seguir repartiéndose unas nóminas astronómicas, unos suculentos dividendos y unos más que privilegiados sistemas de jubilación.
¡Dejemos las cosas claras de una vez! El sistema público de pensiones no es un sistema de capitalización y reparto como pretenden hacernos creer dichos poderes, sino un sistema social de redistribución al que todos contribuimos durante nuestra vida laboral en proporción a nuestra capacidad económica y del que todos esperamos depender dignamente cuando llega nuestra jubilación.
Y un sistema social no necesita ser rentable, ya que esa no es su finalidad. Como tampoco lo son ni la sanidad, ni la seguridad pública ni la justicia. ¡Ese es precisamente el meollo de la cuestión! Estamos hablando de un sistema de cobertura social que necesita ser dotado adecuadamente. Y los primeros obligados a contribuir son precisamente los citados poderes económicos y políticos, sencillamente porque son siempre los que se llevan la mejor parte del pastel, dejándonos a los demás únicamente las migajas, por lo que no podemos consentir que encima pretendan quitarnos lo poco que tenemos.
Por lo tanto, ha llegado el momento de decir ¡Basta ya! ¡O jugamos todos o rompemos la baraja! ¡Dejad ya de tomarnos el pelo y empezad predicando con el ejemplo! porque lo que no es asumible bajo ningún concepto es que una persona que lleva trabajando toda su vida por un ajustado sueldo mensual y sin apenas capacidad de ahorro, tenga que enfrentarse al final con una total incertidumbre respecto a su jubilación.
Es cierto que estamos ante una grave crisis y que deberán realizarse recortes en muchos gastos, pero lo que no podemos asumir ni asumiremos de ningún modo es que dichos recortes se nos apliquen precisamente a los menos favorecidos, mientras ellos siguen disfrutando de sus más que dudosos privilegios y prebendas.
En las próximas semanas se esperan reuniones de todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo, así como del Gobierno con la patronal y los sindicatos generalistas para tratar este delicado tema. Desde STAJ vigilaremos muy de cerca todo este proceso para defender nuestros derechos adquiridos, exigir la máxima transparencia e impugnar cualquier posible vulneración de garantías jurídicas.
