STAJ COMUNIDAD VALENCIANA: El Ministerio comienza una tímida implantación del teletrabajo

Se aplicará en ámbito no transferido a partir del próximo día 20 de Abril de forma progresiva, con una exigua inversión de 544.000€ que dará para muy poco. Su intención es que este sistema se una a la implementación de mecanismos de videoconferencia para la realización de aquellos trámites que lo permitan (por ejemplo, declaraciones).

Aunque se va a intentar que el teletrabajo se extienda a todo el Estado y así lo comunicará el Ministerio a todas las Comunidades Autónomas, el Ministerio dice que no tiene capacidad más que para hacerlo en su propio ámbito. 

Se trata de un programa que se iniciará en una primera fase mediante acceso web a escritorio virtual desde los domicilios de los funcionarios que voluntariamente quieran utilizar sus equipos personales para poder así realizar su trabajo sin tener que desplazarse a la sede judicial a diario.

Se establecen diversas medidas de seguridad como doble clave SMS, entre otras. Esta primera fase se extenderá hasta 15 días después de finalizado el estado de alarma. A continuación, se iniciará una segunda fase que se extenderá durante la puesta en marcha de los planes de actuación para atender la acumulación y el retraso en la tramitación de expedientes judiciales .

Se trabajará en entorno enteramente digital, por lo que queda descartado, y así lo hemos exigido desde STAJ, el traslado y depósito de expedientes o documentos a los domicilios particulares de los funcionarios. 

Con ello podrán evitarse desplazamientos diarios al puesto de trabajo, incluso una vez se inicie el esperado “desescalado”, sin que ello suponga una desconexión total del centro de trabajo, al que habrá que acudir con la periodicidad que se determine, en principio se baraja cada dos semanas. 

El uso de equipos personales no es lo ideal, pero en esta primera fase se trata de evitar los desplazamientos en la medida de lo posible, por cuanto la pandemia está lejos de estar aún controlada y, como siguen recomendando los expertos, el modo más eficaz de contención sigue siendo la movilidad reducida de personas. 

No obstante, la posibilidad de acceso o trabajo en remoto no es posible para la totalidad de los funcionarios, dado que el ancho de banda sólo permite que simultáneamente puedan estar en conexión entre 2500 y 3000 usuarios, por lo que si hubiese más voluntarios, sería necesario hacer una selección, cuyos criterios habrá que determinar, en función de tipo de órganos, jurisdicciones más sensibles, necesitadas o colapsadas, número de funcionarios voluntarios por órgano, etc. 

Además, se requiere que los ordenadores personales de los funcionarios reúnan una serie de requisitos técnicos para que el acceso pueda realizarse correctamente (además de línea móvil telefónica móvil donde recibir los SMS con las claves, se requiere conexión a Internet de 10 Mb/seg o más, Windows 10 o superior, Antivirus actualizado, navegador Chrome 50 o superior o Explorer 11 o superior, 4 GB de RAM, y espacio libre 600 Mb en el disco duro) 

El Ministerio dice que tiene intención de adquirir equipos informáticos para ponerlos a disposición del personal, e incluso ampliar el ancho de banda, pero por razones obvias no es posible hacerlo en este preciso instante con la celeridad necesaria, ya que se trata de poner en marcha el plan de forma inmediata. 

La idea es que a partir de este lunes comiencen a recabarse datos necesarios a los voluntarios que quieran acogerse al programa, para proceder a realizar los ajustes técnicos necesarios para posibilitarles el acceso remoto, lo cual requiere dividirlo en grupos. Se comenzará por Ciudad Real.

El Ministerio calcula que el despliegue en todo el ámbito no transferido puede llevarle diez días. 
Se pondrá a disposición de los usuarios un teléfono gratuito para incidencias. 

Se va a facilitar a los usuarios las instrucciones de acceso, así como manual de buenas prácticas con recomendaciones relativas a salud laboral y seguridad. Por lo que respecta al tiempo de trabajo, no puede exceder de la jornada laboral ordinaria, sin que pueda ser requerido el funcionario fuera del horario rígido para realizar actuación alguna, con lo que la desconexión digital debe quedar garantizada de este modo. 

Una vez pasen las dos primeras fases del programa de implantación de teletrabajo, en la que como decimos se trata de buscar una solución de emergencia hasta que se produzca una vuelta a la normalidad, deberán negociarse todos los detalles y aspectos que rodean esta forma de trabajo, sus implicaciones en jornada y horarios, salud laboral, conciliación, desconexión digital y en general todos los aspectos relativos al trabajo en remoto o teletrabajo, de forma que sea una forma de trabajo alternativa y voluntaria que pueda beneficiar a todos.

Destinará 544.000 euros a la adquisición y suministro de equipos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes cuatro acuerdos por el que se toman razón de la declaración de emergencia para realizar estos gastos. Desde el inicio del estado de alarma hace un mes, el Gobierno ha impulsado que se adopten medidas para permitir el trabajo a distancia.

Así, según consta en las referencias del Consejo de Ministros, se ha acordado el gasto de 42.132,50 euros para el suministro de 51 portátiles para que funcionarios del Ministerio de Justicia puedan prestar los servicios no presenciales en el ámbito de la División de Tecnología y Servicios Públicos Digitales.

También se ha aprobado el suministro de portátiles para habilitar la modalidad de teletrabajo a determinados usuarios que trabajan con ordenador de sobremesa por el importe de 84.265,01 euros. En tercer lugar, se destinarán 111.646,70 euros para el suministro de webcams y lectores de tarjetas para permitir a los usuarios realizar videoconferencias y trabajar en remoto.

Y por último, se ha acordado la adquisición de la ampliación de la solución centralizada de comunicaciones de vídeo actualmente implantada en la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital para potenciar las medidas de teletrabajo por la cuantía total de 306.258,89 euros.

Evidentemente, con estas exiguas partidas presupuestarias no se pueden implementar equipos de forma generalizada entre el personal de justicia. Se aprecia claramente que la inversión va dirigida solamente a los informáticos del Ministerio y a sus altos cargos.

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