STAJ COMUNIDAD VALENCIANA: Trabajar más horas, recuperar las del confinamiento y movilidad obligatoria

Estas son algunas de las propuestas que la Conselleria de Justicia ha remitido al Ministerio y con las que estamos totalmente en contra. La Consellera plantea cambios sustanciales en un detallado documento, tanto a nivel organizativo como normativo, para afrontar la avalancha de asuntos que se avecina.

Esto es lo que ha publicado la prensa, ya que a los sindicatos no nos ha trasladado absolutamente nada y nuestra indignación ha sido mayúscula cuando lo hemos visto. Os plasmamos a continuación el contenido del artículo publicado:

"Según el informe, el colapso se producirá, «no sólo por retraso acumulado por la inactividad judicial», sino también por el «incremento exponencial» de la carga de trabajo derivada de los expedientes de regulación temporal de empleo, despidos y procedimientos concursales derivados de la crisis económica y que previsiblemente «colapsarán por completo» los órganos jurisdiccionales.

Lo que plantea el departamento que dirige Gabriela Bravo no es una revolución en el sistema de trabajo de los juzgados, pero se le parece, al menos en lo que se espera para la jurisdicción social y para la mercantil. El plan habla de un «redimensionamiento jurisdiccional» que permita recuperar los retrasos y aguantar el tsunami de asuntos derivados de la crisis social y económica provocados por la pandemia del Covid-19.

El Gobierno valenciano no plantea un aumento de las plantillas, sino medidas de optimización y racionalización de medios. «Ninguna medida de reactivación ha de estar basada en el aumento de plantilla ni el recurso a los refuerzos de personal, coste inasumible por las Comunidades Autónomas y que puede ser evitado si encontramos una rápida respuesta y movilización y reorganización de los recursos humanos ya existentes», advierten.

Una de las medidas estrella que se plantean es la apertura por las tardes y la celebración de vistas mañana y tarde. La actividad de los juzgados, señala el documento, «no puede ni debe quedar constreñida a la actividad ordinaria». Todo lo contrario. Se considera vital «doblar» el esfuerzo en los órganos jurisdiccionales que lo precisen aplicando «criterios de movilidad y flexibilidad al personal funcionarios que presta sus funciones en la Administración de Justicia.

El Consejo General acordó el pasado 13 de marzo una resolución sobre «servicios esenciales» durante el tiempo que persista el estado de alarma. La propuesta que firma Gabriela Bravo desde la Comunidad Valenciana pide reformular el concepto de «servicios esenciales» para ampliar la actividad judicial a las jurisdicciones de lo social y mercantil a partir de la segunda quincena de abril. Es decir, reactivar los juzgados de lo social y lo mercantil como servicio esencial.

La Conselleria entiende que existen medios para hacerlo con seguridad. «La actividad se va a reanudar en centros que cuentas con instalaciones adecuadas, con salas de vistas y con salas polivalentes, que van a permitir conjugar la seguridad y salud de los trabajadores en los términos indicados por las autoridades sanitarias, con una cada vez mayor presencia en las sedes de personal», señalan.

Ello supondría también levantar la suspensión de los plazos procesales en ambas jurisdicciones. E inmediatamente contar con la gran mayoría del personal que en estos momento no puede prestar sus servicios como consecuencia de la paralización de estos plazos procesales en particular y de la actividad jurisdiccional en general.

Según el Consell, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial deben «determinar y cuantificar» de inmediato tanto los órganos específicos que se van a ver afectados por la multiplicación de procedimientos como todos aquellos juzgados y secciones de las Audiencias «que pueden aportar personal a los órganos más colapsados». Y esto se debe hacer «de forma inmediata».

El documento enciende todas las alarmas. «Solo actuando de forma inmediata, se podrá minimizar el impacto y las medidas extraordinarias que deban adoptarse cuando la actividad ordinaria esté en condiciones de restablecerse».

Se plantea dotar de conexiones remotas al sistema a los funcionarios de los órganos judiciales que no están prestando servicios presenciales en las oficinas judiciales, «a fin de continuar con la tramitación ordinaria de asuntos, conforme al plan que se elabore por cada órgano judicial siguiendo las pautas que se establezcan».

Respecto a las condiciones de trabajo de los funcionarios, la propuesta plantea instaurar el denominado «permiso retribuido recuperable» vigente para el ámbito laboral general, «no solo para evitar discriminaciones sino también para evitar la disfuncionalidad absoluta de retribuir dos veces la misma carga laboral».

La Conselleria advierte que el despacho de la «actividad no esencial» está siendo aplazada y a la «imposibilidad material total «de algunos funcionarios de trabajar y la «imposibilidad parcial de aquellos que lo hacen por turnos», no puede proponerse un «refuerzo retribuido posterior» cuando la instauración del referido permiso permitiría contar con personal para la jornada vespertina.

Más horas de trabajo: Otra medida que se traslada al Ministerio de Justicia es la posibilidad de ampliar la jornada laboral de los funcionarios de Justicia hasta las 37 horas y media semanales, y 40 horas para los funcionarios con dedicación especial. Podría hacerse «durante el tiempo que se considerara necesario para hacer frente a la crisis».

> Información publicada en El Mundo

Nos hemos enterado por la prensa. No han comunicado nada a los sindicatos

Desde STAJ nos oponemos rotundamente a cualquier medida que suponga una regresión de nuestras condiciones laborales, pero ya va siendo demasiado habitual que actúen a golpe de decreto ley con la excusa de la emergencia sanitaria y mucho nos tememos que intenten seguir haciéndolo, aunque exigiremos que se inicie previamente la preceptiva negociación de cualquiera de estas posibles medidas.

Lo que no pueden pretender es cargarse de un plumazo todas las garantías laborales actuando de forma despótica con la excusa de la urgencia de la situación y comunicándonos a través de la prensa un posible recorte de nuestras condiciones laborales.

Nuestros derechos laborales siguen vigentes y están recogidos en una Ley Orgánica que no puede modificarse por un decreto ley. Su posible modificación requeriría de un complejo trámite parlamentario en el que intervendrían todos los partidos políticos y no solo el que está ahora mismo en el gobierno tomando decisiones de un día para otro. Es más, desde STAJ emprenderemos todas las acciones legales a nuestro alcance si intentan vulnerar dichos derechos.

Todo esto ocurre solamente dos días después de que la Directora General de Justicia modificase su resolución sobre servicios mínimos y de que en el último Comité de Salud Laboral denunciásemos las graves deficiencias en medidas de prevención que todavía se sufren en muchas sedes judiciales.

De hecho, hoy mismo hemos presentado una nueva reclamación de Prevención de Riesgos, exigiendo lo siguiente:

1º.- Instalación inmediata de teléfonos individuales en todos los puestos de trabajo que se prevea mantener activo, para evitar que un mismo terminal se comparta por varias personas.

2º.- Extremar los protocolos de desinfección ante posibles casos, extendiendo la misma a todas las zonas que hayan podido ser utilizadas por la persona en cuestión.

3º.- Organizar el trabajo de forma que se pueda mantener la DISTANCIA de seguridad mínima recomendada, fomentando para ello el TELETRABAJO.

4º.- Aumentar la LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN de los centros de trabajo, así como el mobiliario y enseres individuales de cada funcionario.

5º.- Garantizar la disponibilidad TOTAL de los EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL necesarios y adecuados al tipo de riesgo y exposición, conforme a las recomendaciones del INVASSAT.

6º.- Realizar un control del AFORO que en cada centro se debe permitir, a fin de garantizar el distanciamiento de seguridad mínimo exigido.

7º.- Realización de TEST para todo el personal y un protocolo claro respecto a personas que manifiesten síntomas, para protegerle y proteger a los demás.

8º.- Instalar información visible para todos los usuarios, de la OBLIGATORIEDAD de respetar y cumplir las medidas recomendadas para evitar contagios.

> Escrito de STAJ reclamando medidas de prevención

Asimismo, les hemos advertido de que por este sindicato y sus Delegados se continuará realizando la oportuna labor de vigilancia y control que nos atribuye el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, actuando de forma urgente en las ocasiones que lo requieran, emprendiendo las acciones legales oportunas de ser necesario y exigiendo asimismo en su caso las oportunas responsabilidades en el supuesto de que se produzcan perjuicios que pudieran haberse evitado.

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